El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tendrá que pagar alrededor de 13 millones de pesos a un magistrado de Circuito que no fue ratificado en su cargo en 2019, y que ganó el litigio para volver a su puesto.
En agosto de 2019, el Pleno del CJF, entonces presidido por el ministro Arturo Zaldívar, decidió no ratificar al magistrado Roberto Rodríguez Maldonado, quien ya tenía los seis años necesarios para ser confirmado de manera definitiva en su puesto.
La decisión derivó de una política de Zaldívar, según la cual el CJF determinó “cambiar el estándar con el que se ratifican a las y los jueces y magistrados federales, con lo que se eliminan las ratificaciones en automático y ahora se procede a evaluar también los elementos sustantivos y el compromiso con la actividad jurisdiccional”.
Por unanimidad, el CJF afirmó que Rodríguez “no cumplió con los principios de excelencia y profesionalismo que rigen la carrera judicial.
“En tanto, su desempeño jurisdiccional tuvo tendencia a la baja en sus últimas adscripciones, además de que existieron observaciones preventivas y correctivas durante algunas de las visitas de inspección, y sólo acreditó tener un curso de actualización durante los seis años de su encargo”, agregó.
Pero el 16 de enero de 2023, por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la no ratificación de Rodríguez fue ilegal, porque no existía normativa que estableciera el valor que la Judicatura podía asignar a cada uno de los elementos que se tomaron en cuenta para no ratificar.
“La resolución impugnada no resulta compatible con el estándar constitucional y convencional aplicable en materia de fundamentación y motivación de las decisiones emitidas en procedimientos de ratificación de jueces de Distrito y magistrados de Circuito, por lo que debe ser revocada”, resolvió la Corte.
nacionales
