San Luis Potosí, SLP.- Las Comisiones de Hacienda del Estado y Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, en cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo en revisión número 722/2022 del Primer Tribunal Colegiado Especializado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito y 404/2022-4 del Juzgado Primero de Distrito, se reunieron con los quejosos para considerar sus opiniones en los debates sobre las líneas de acción que impactan a las personas con discapacidad en el Plan Estatal de Desarrollo Económico y Social 2021-2027.
Durante esta primera reunión, se atendió la sentencia que impugnó diversas disposiciones del Plan Estatal de Desarrollo (PED) relacionadas con las personas con discapacidad.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, diputado José Antonio Lorca Valle, señaló que la reunión cumplió con la participación de los quejosos, permitiéndoles expresar sus necesidades y opiniones sobre la consulta realizada por el titular del Poder Ejecutivo. El objetivo es construir un documento de modificación que aborde las áreas afectadas directamente en la vida de las personas con discapacidad.
“Por lo tanto, el Congreso del Estado debe modificar los aspectos que se dejaron insubsistentes en el PED respecto a las personas con discapacidad. Aunque no hay una fecha límite, es necesario actuar con celeridad para cumplir con la sentencia del juzgado”, añadió Lorca Valle.
En este primer acercamiento, las diputadas y diputados escucharon las necesidades relacionadas con diversos temas que deben ser considerados como parte del Plan Estatal de Desarrollo. Se dictaminará al respecto en una próxima reunión de trabajo.
El cumplimiento de la sentencia se encuentra en la etapa IV, que establece que el Congreso debe convocar personalmente a los quejosos para que sus opiniones sean consideradas en los debates y la votación de las líneas de acción del PED. La participación de los quejosos será dispensada solo si se prueba que fueron notificados pero no pudieron asistir.
En la siguiente etapa, el Congreso deberá informar a los quejosos sobre la naturaleza y las consecuencias de las decisiones tomadas. Se les otorgará el uso de la voz para exponer los problemas y soluciones relacionadas con las barreras sociales que enfrentan. Además, se deberán adoptar medidas para garantizar la plena participación de los quejosos, incluyendo intérpretes de lengua de señas para personas con discapacidad auditiva y psicólogos especializados para infantes con discapacidad intelectual y psicosocial. Las instalaciones de los órganos parlamentarios también deberán ser accesibles para personas con discapacidad motora.
A la reunión asistieron las diputadas Liliana Guadalupe Flores Almazán, Dolores Eliza García Román, Emma Idalia Saldaña Guerrero, María Aranzazu Puente Bustindui y Gabriela Martínez Lárraga; y los diputados Roberto Ulices Mendoza Padrón, José Antonio Lorca Valle y José Ramón Torres García.
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