México extraditó a Guatemala a Luis Armando Rabbé Tejada, ex presidente del Congreso de esa nación, para que sea juzgado por el caso de un supuesto desvío de 148 millones de dólares a través de plazas de "aviadores".
Agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) entregaron al extraditable en el cruce fronterizo de Talismán, Chiapas, y El Carmen, Guatemala, a los agentes del país centroamericano designados para su traslado final.
"En cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y la República de Guatemala, la FGR, entregó en extradición al Gobierno de aquel país a un fugitivo de nacionalidad guatemalteca requerido por el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, por los ilícitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción", informó la Fiscalía.
De 68 años de edad, Rabbé es un político y empresario de medios de comunicación que en el 2016 huyó a México, tras ser implicado en un sonado caso de corrupción en su país.
Las autoridades guatemaltecas lo involucran en un caso conocido como "Plazas Fantasma", en el que supuestamente avaló como presidente del Congreso de Guatemala un total de 164 plazas para la Junta Directiva y 21 para la vicepresidencia, sin que fueran ocupadas.
Según la acusación entre enero de 2015 y enero de 2016 presuntamente intervino en la sustracción de fondos públicos, lo que ocasionó un detrimento económico al patrimonio del Congreso guatemalteco.
De los 148 millones de dólares que supuestamente fueron desviados a través de las plazas de "aviadores", al político centroamericano le atribuyen un detrimento equivalente a sólo 19 millones 728 mil 768.83 pesos mexicanos.
El 23 de julio de 2018 Rabbé fue detenido en Monterrey, Nuevo León, por agentes de la Policía Federal Ministerial, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición. Desde entonces estuvo preso en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
Después de seis años de litigio, Rabbé perdió en última instancia el amparo con el que pretendía que fuera cancelada la orden de extradición dictada por la Cancillería y hoy ya se encuentra a disposición de un juez de su país.
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