La Suprema Corte de Justicia aceptó revisar si fue correcta la absolución de Rosario Robles por la omisión de impedir desvíos de 5 mil 73 millones de pesos, durante la llamada Estafa Maestra del sexenio pasado.
La Presidenta de la Corte, Norma Piña, notificó hoy que admitió a trámite un recurso de revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para impugnar la sentencia del pasado 25 de abril, por la cual el Noveno Tribunal Colegiado Penal confirmó la absolución de Robles Berlanga, dictada por instancias inferiores.
El tema jurídico relevante que analizará la Corte es si fue correcta la determinación de que las irregularidades atribuidas a la ex funcionaria no se pueden sancionar como delitos, sino solo como faltas administrativas.
Piña turnó el expediente al Ministro Juan Luis González Alcántara para que el caso sea resuelto por la Primera Sala de la Corte.
La defensa de Robles sostuvo en abril que no había tema de constitucionalidad que amerite revisión de la Corte, y el propio tribunal colegiado, al recibir y canalizar el recurso de la ASF, aclaró que no subsiste alguna cuestión de interpretación de la Carta Magna.
Por lo tanto, todavía es posible que González Alcántara presente en la Sala un proyecto desechando el recurso de la ASF.
Pero si dicho recurso es exitoso, la Corte ordenaría que se reinicie el proceso penal contra Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público, que la mantuvo en prisión durante tres años.
El caso involucra la reforma de 2015 al artículo 109 de la Constitución, por lo que Corte podría considerar que se trata de un criterio relevante que debe aclarar para casos futuros de presunta corrupción.
En este expediente, la FGR acusó a Robles de supuestas omisiones ante el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos que cometieron sus subordinados de 2012 a 2018 en la Sedatu y la Sedesol.
Pero las tres instancias judiciales que conocieron del asunto sostuvieron el criterio de que los hechos contra la ex Secretaria de Estado no constituían un delito y que, en todo caso, debían ser investigados como faltas administrativas.
El 24 de febrero de 2023, el juez de control Roberto Omar Paredes Gorostieta canceló el proceso a la ex funcionaria con este argumento.
Dijo que conforme a la reforma del año 2015 al artículo 109 Constitucional, las únicas conductas de servidores públicos que deben sancionarse por el Código Penal Federal son los delitos de corrupción.
Luego precisó que la conducta imputada a Robles fue reformada en 2016 y se convirtió en un delito de corrupción, ahora denominado ejercicio "ilícito" del servicio público.
Por consecuencia, la conducta a la ex titular la Sedesol, al ser anterior a esta modificación, no está dentro del catálogo de los delitos de corrupción y actualmente ya no se puede sancionar penalmente.
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