El Gobierno de Chiapas negó al Instituto electoral local 18.7 millones de pesos para las elecciones extraordinarias de Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal, las cuales fueron anuladas por actos violentos el 2 de junio pasado.
El argumento fue que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana podía hacerse cargo de los comicios.
Ante esa respuesta del Gobierno estatal, el organismo afirmó que tomará recursos de otras áreas y buscará economías para lograr que se realicen los comicios el próximo 25 de agosto.
En Chicomuselo y Pantelhó se elegirá la Alcaldía, sindicatura y ocho regidurías, mientras que en Capitán Luis Ángel Vidal serán siete cargos en total.
En la Comisión de Vinculación con OPLES del Instituto Nacional Electoral se informó a los consejeros que la organización avanza, aunque, ante las condiciones de violencia y crispación política en la región se atrasará la ubicación de las bodegas para resguardar la papelería electoral.
"Los consejos municipales aprobaron aplazar la determinación de los espacios que serán habilitados como bodega electoral para el resguardo de la documentación y, en su caso, de las materiales electorales, así como la determinación del personal autorizado para el acceso a las mismas. Lo anterior, debido a la situación y el contexto sociopolítico que prevalece en los municipios", afirmó el secretario de la Comisión, Giancarlo Giordano.
Zacatecas no da dinero, pero exige impuestos
Pese a que el Gobierno de Zacatecas tiene ahorcado financieramente al Instituto electoral local, su Secretaría de Finanzas exige el pago de impuestos, pues de enero a julio el organismo adeuda 2 millones de pesos.
El instituto local informó que está pidiendo una ampliación de 16.4 millones de pesos porque no tiene dinero para pagar servicios y la nómina en los próximos meses.
Sin embargo, la Secretaría de Finanzas sólo le autorizó 500 mil pesos, de los cuales 134 mil eran un reintegro por el pago de impuestos sobre la nómina, por lo que ahora serán destinados a solventar la deuda de arrendamiento del inmueble de sus oficinas centrales, y 362 mil deben entregarse al ex titular de la Contraloría interna como finiquito.
El organismo advirtió que si el Gobierno no le entrega una ampliación, se quedará sin recursos para pagar la renta y servicios básicos.
Tampoco cuenta con presupuesto para el pago de la segunda quincena de diciembre, primas vacacionales, aguinaldo y vales de despensa, por lo que insistirá sobre la ampliación para cubrir la operación ordinaria mínima indispensable de julio a diciembre.
"Es evidente que el monto (que le entregó la Secretaría de Finanzas) no garantiza su operatividad. En lo inmediato logra que puedan despresurizar el pago del arrendamiento del mueble, pero se encuentran en una situación crítica", advirtió la consejera Dania Ravel.
En situación de riesgo también está Yucatán, al que no le han aprobado una ampliación de 56.5 millones, sólo le entregaron 2.7 millones para la renta de vehículos necesarios para la elección.
Sin embargo, en octubre no tendrán dinero para el pago de salarios del personal.
En situación de riesgo medio está Oaxaca, que está a la espera de más recursos para solventar las deudas del proceso electoral.
El Gobierno local prometió que le dará 17.3 millones y el organismo seguirá gestionando 71 millones más para su operación en el segundo semestre de este 2024.
También siguen con problemas Morelos, Guerrero, San Luis Potosí y Colima.
Ravel, presidenta de la Comisión, pidió mejorar los informes financieros para reflejar cuál es la situación real de los institutos.
Por ejemplo, sostuvo, aunque San Luis Potosí se considera de riesgo medio, está viviendo una situación grave.
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