Pozos, libre y soberano

En los últimos días la conversación pública se ha centrado en la creación del municipio de Villa de Pozos, lo cual es entendible por los diversos efectos políticos, económicos y sociales del decreto aprobado por el Congreso del Estado en la nueva configuración territorial de la capital potosina y del estado en general.

Contra los que aseguran que es un capricho o una ocurrencia, el convertirse en municipio es un reclamo legítimo de los habitantes de Pozos, ya lo había sido hasta que Gonzalo N. Santos en los años 40 del siglo pasado dispuso incorporarlo al ayuntamiento sanluisino; desde entonces la delegación mantuvo viva en el imaginario colectivo la necesidad de reparar el agravio histórico que los confinó a recibir un trato de segunda clase del gobierno capitalino.

Esta es una larga lucha de varias generaciones que fue reconocida por el gobernador Ricardo Gallardo al impulsar la iniciativa para que Villa de Pozos recuperara su antiguo carácter y volviera a elegir, con autonomía y libertad, a sus propias autoridades.

En un principio, las fuerzas opositoras y el mismo alcalde Enrique Galindo se sumaron a la iniciativa gallardista y dieron su beneplácito, después cambiaron de opinión; hubo juicios de amparo de terceros sin residencia en la delegación para obstaculizar el proceso legislativo, brotaron intereses políticos y económicos, los sesudos análisis jurídicos y opiniones de expertos para inhibir el ánimo municipalista, al tiempo que se intentaba disminuir la voluntad genuina de los vecinos, expresada en el plebiscito, en miles de firmas y otros requisitos que se cumplieron al pie de la letra.

El que Villa de Pozos sea ahora el municipio 59, confirma que vivimos una etapa de cambios, la vieja clase política tradicional ya fue desplazada de la toma de decisiones y perdió sus privilegios, de otro modo no hubiera sido posible la aprobación del decreto por mayoría en el Congreso del Estado; en las curules hubo algunas ausencias y una abstención que así mostraron su desdén a la población de Pozos.

El decreto y sus transitorios son precisos y no se prestan a interpretaciones interesadas, se le hicieron algunos ajustes y está apegado a la norma constitucional; están dadas las condiciones para una transición ordenada y la menor afectación a los habitantes de lo que en su origen se llamaba Real de San Francisco de los Pozos.

El nuevo escenario ha colocado al alcalde Galindo en un brete, sin esperar la instalación del Consejo Municipal prevista para el 1 de octubre, suspendió los servicios municipales, los trámites y cerró oficinas con el argumento de que ya no era de su competencia, dejando a la población en un estado de abandono e incertidumbre, dando pie a la sensación de vacío de autoridad.

Este proceder del alcalde Galindo puede derivar en un juicio político en su contra, ya varios afectados anuncian que lo interpondrán, hay desacato, una renuncia a cumplir con sus funciones conferidas por mandato legal; el trabajo administrativo de la delegación en vías de desaparecer debe continuar hasta la fecha mencionada; si objeta el decreto, no es para que les cargue la mano a los que solo quieren gobernarse por sí mismos y mejorar su calidad de vida.