De las 396 denuncias que pidió Xóchitl Gálvez que resuelva el INE antes de la calificación electoral, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez advierte que sólo 27 deben atenderse de inmediato.
En una impugnación ante el Tribunal Electoral, la ex candidata presidencial argumentó que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del instituto había omitido resolver 291 denuncias contra Claudia Sheinbaum por irregularidades en el proceso, 60 por la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la elección y 45 contra Morena.
Éstas, afirmó, eran determinantes para la calificación de la elección.
Sin embargo, en su propuesta de sentencia, Rodríguez asegura que, de acuerdo con el lNE, únicamente 27 procedimientos relacionados con la elección presidencial faltan por sustanciar.
De esas 396 denuncias, la Unidad de lo Contencioso sólo reconoce 363, y de éstas, argumenta que 139 ya fueron desechadas, 178 fueron remitidas a la Sala Especializada del Tribunal Electoral para su resolución y 19 ya tienen cita para audiencias de alegatos.
Mientras que otras 30 fueron registradas y sustanciadas por órganos desconcentrados del INE.
"La omisión atribuida es existente, con respecto a 27 quejas, que corresponden a 19 procedimientos, que aún están pendientes de instrucción.
"Debido a que se estima de especial importancia que la UTCE sustancie los procedimientos antes señalados, y en su caso, remita los expedientes a la Sala Regional Especializada, para que de la forma más expedita posible, resuelva los procedimientos antes de la fecha establecida para la calificación de la validez de la elección correspondiente", indicó.
Rodríguez afirmó que si Gálvez está inconforme con la resolución de las quejas desechadas o enviadas a la Sala Especializada, puede impugnarlas, pues en su recurso solo controvirtió la supuesta omisión de la Unidad de lo Contencioso de sustanciar los procedimientos.
En su proyecto, el magistrado aprovechó para recordarle al INE que el procedimiento especial sancionador (PES) tiene "una naturaleza expedita", para lograr una efectiva protección de los principios constitucionales y evitar daños irreparables.
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