El desplazamiento forzado de cientos de familias chiapanecas que huyeron a Guatemala por el crimen organizado evidencia la incapacidad de los Gobiernos federal y estatal para atender el fenómeno de la violencia en esa región, coincidieron especialistas.
Elena Azaola, profesora e investigadora emérita del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), afirmó que las autoridades lejos de tomar las medidas pertinentes, se han dedicado a negar o minimizar la problemática.
"Ha ido escalando, yo creo que la razón fundamental por la que ha ido escalando es por la falta de atención del Gobierno federal y de reconocerlo como un problema grave. El Gobierno no ha tomado las medidas que se requieren", sostuvo.
"Más bien se han dedicado a negar o a disminuir la importancia del caso y pues es gravísimo que la gente esté ya huyendo hacia Guatemala; es curioso que mientras años atrás los centroamericanos se refugiaban acá, ahora los mexicanos se tienen que refugiar allá".
REFORMA publicó ayer que al menos 600 pobladores de 235 familias abandonaron sus hogares en Chiapas y llegaron a Guatemala ante la narcoviolencia provocada por la pugna entre células de los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa.
"Las familias están sufriendo muchísimo porque las cosas que tienen, sus casas, sus tierras, los animales de los que viven, tienen que abandonarlos para ir a un destino totalmente incierto, sin ningún apoyo", agregó Azaola.
"Es una cosa muy muy triste porque el Presidente presume que tiene que ayudar a Centroamérica con los 'maravillosos' programas, como Sembrando Vida, (...) cuando ahora vamos a empezar a ver lo contrario, la gente de acá que migra para allá".
La experta resaltó que ni el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ni el de Rutilio Escandón en Chiapas han tomado acciones en todos los rubros para proteger a las comunidades de la región fronteriza del estado.
"Yo creo que habría que hacer un llamado de atención en ese sentido, que esto ya representa un nivel que no podríamos admitir como país, delegar nuestros problemas a un país que se supone no tiene las mismas capacidades, el mismo nivel de desarrollo económico", añadió.
"No deberíamos admitir que esto (desplazamiento a Guatemala) ocurra y tendríamos que hacer ese llamado fuerte de atención a las autoridades, a las dependencias, a coordinarse, para dar respuesta a esa población. Es una tristeza que se dediquen a negar los problemas en lugar de atenderlos".
Para Azaola, las autoridades deben poner manos a la obra de inmediato y no esperar a ver qué se arregla, a fin de que las familias desplazadas puedan regresar lo más pronto posible a sus hogares.
Carlos Mendoza, profesor investigador del Instituto Ortega y Gasset, coincidió que el Gobierno no ha tomado las medidas adecuadas para contener, enfrentar y reducir a los cárteles que operan en esa región, lo que ha traído como consecuencia que el problema crezca de manera muy importante.
"Sin duda es algo grave, ya Chiapas había mostrado señales claras de la presencia de estos grupos delictivos y no se tomaron las medidas, o no se han tomado las medidas adecuadas, como para contenerlos, enfrentarlos y por supuestos reducirlos", expresó.
"Entonces, sí es muy preocupante, porque ya dejaron que el problema crezca de manera muy importante. Hay una lucha de los cárteles por un espacio estratégico que permite el control de los flujos migratorios y por supuesto el trasiego de las drogas".
El también consultor en seguridad y justicia advirtió que, de manera equivocada, el Gobierno ha optado por aumentar la presencia de las fuerzas federales y ha implementado rondines aleatorios que no sirven para nada, en vez de apostar por la inteligencia policial y la detención de objetivos.
"No ha habido un trabajo de inteligencia, por supuesto no ha habido ninguna noticia respecto de la detención de eslabones estratégicos en esta cadena delictiva y pues así, sin duda que no se va contener el problema; esa ha sido la constante", alertó.
"Algunas acciones llamativas, nada más para efectos de comunicación social, pero en la práctica no hay ningún tipo de acción contundente de inteligencia para que se manden las señales claras de que no habrá impunidad y por supuesto para darle tranquilidad a la población".
Mendoza consideró señales preocupantes que las autoridades federales y estatales tampoco hayan implementado un plan de atención integral, a pesar que, desde hace meses, esa región es azotada por la narcoviolencia y vive desplazamiento interno.
"Hay esta práctica de silencio, de total indolencia y, por supuesto, tampoco hay acciones o reacciones, ni siquiera un acto de reconocimiento, que es el principio para atender un problema, pero el problema está ahí. Son luces de advertencia para la siguiente administración", aseveró.
Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, sostuvo que la ausencia de una estrategia de seguridad en esa región ha derivado no sólo en un control territorial de la delincuencia, sino en el doblegamiento de comunidades.
"Es tremendamente preocupante. No hay una solución a lo que está ocurriendo en la zona. Que ahora Guatemala sea el lugar de salvación de algunas comunidades (de Chiapas) te habla de un deterioro importante de las condiciones en el Estado", opinó.
"Yo al Presidente no le he escuchado decir absolutamente nada relevante de este fenómeno; siempre lo minimiza y dice: 'ahí está la Guardia Nacional y el Ejército', me parece que es una evidencia más de que no están funcionando, el resultado es absolutamente negativo. Y el Gobernador tampoco ha sido capaz de dar una respuesta ni real, que verdaderamente sea una solución al problema, pero tampoco en términos de comunicación de por qué está sucediendo, ni qué van a hacer después del desplazamiento".
Rivas recordó que, hasta hace unos años, Chiapas era una de las entidades más seguras del País, pero este sexenio se ha vuelto un lugar extremadamente inseguro por la expansión de los grupos criminales.
"Quien no está controlando ahí es el Estado, quienes están controlando son ellos (cárteles). Qué se debería hacer: darles las condiciones a estas personas para que regresen a sus comunidades, la realidad es que no hay tampoco forma de que les garantices algo en este momento", lamentó.
"Si las repatrias ¿van a tener mejores condiciones aquí? sinceramente lo dudo. Si las personas se fueron hacia el sur (Guatemala) a sabiendas que van a vivir los problemas de migración, es porque no se pueden ir hacia el norte, porque evidentemente el norte está controlado por alguien".
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