Con tres votos a favor y dos en contra, el Tribunal Electoral rechazó presionar al PRI para que resuelva de inmediato las quejas de priistas y al INE para pronunciarse en 10 días sobre la validez de las reformas a los estatutos.
Por ello, la Sala Superior sólo enviará a la dirigencia nacional y al INE los recursos para que procedan conforme a la ley, sin fijar tiempos.
El bloque de la magistrada presidenta Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, a quienes se les ha ligado con el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, rechazaron las propuestas de su compañero Reyes Rodríguez que fijaba plazos concretos para darle celeridad. Y aprobaron que la magistrada Soto se encargara de reformular los proyectos.
Hace una semana, al resolver cinco impugnaciones de priistas sobre el método de elección y la convocatoria para elegir a la dirigencia nacional, Rodríguez propuso ordenar a la Comisión Nacional de Justicia Partidista del PRI atender las quejas antes del 22 de julio, y de no hacerlo, la Sala Superior retomaría en automático el asunto.
Debido a que ese plazo ya se cumplió, Soto sólo planteó que se regrese al órgano interno sin establecerle plazos. Los inconformes habían argumentado que recurrieron al Tribunal porque la comisión priista estaba en manos de Morena, y darían largas a su asunto.
"En aras de proteger el derecho de acceso a la justicia y para evitar la posible afectación de los derechos de la parte actora, este órgano jurisdiccional determina que lo procedente es reencauzar el medio de impugnación a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, para que resuelva lo que en derecho corresponda", indica la resolución final de la Sala Superior.
Reyes también había propuesto ordenar al INE que en un plazo de 10 días, y no los 30 que establece la ley, se pronunciara sobre si son legales las modificaciones a los documentos básicos.
Sin embargo, Soto también le quita dicho plazo, y únicamente pide al organismo resolver.
"Se reencauzan las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía al procedimiento administrativo de la competencia del Consejo General del INE", indica.
¿Cuál fue el motivo del rechazo?, se le preguntó a Rodríguez.
"No lo sabemos. Hasta ahora no manifestaron argumentos. Es la enésima vez, más o menos, que se rechazan y se determinan engroses sin que expongan argumentos. Entonces ya los conoceremos una vez que presente los engroses correspondientes", respondió.
INE inició análisis
La consejera Carla Humphrey afirmó la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos comenzó con el análisis de las reformas a los estatutos, por lo que están revisando, en primer lugar, la temporalidad.
Sin embargo, aclaró, si se determina que no era el momento porque aún es proceso electoral, ya no se entra al fondo del asunto.
Si se resuelve que sí era el tiempo, se revisará la forma, es decir, la convocatoria, el quórum, el mecanismo y si los plazos se apegaron a sus propias normas, y se analizará el fondo, para garantizar que apeguen a los parámetros que establece la propia legislación para autogobernarse.
Al cuestionarle a la consejera si es legal que el PRI haya comenzado con su proceso interno sin que el INE avale sus documentos, Humphrey recordó que existe una sentencia del Tribunal Electoral de octubre pasado en la que resolvió que los estatutos de un partido pueden entrar en vigor mientras el Instituto los revisa.
Sin embargo, dijo, también dejó claro que si el Instituto resuelve que no son legales, todo lo que hicieron será anulado de pleno derecho.
"(Es decir) es inválido todo lo que hayan hecho, en caso de que sean ilegales e inconstitucionales", agregó.
Sin embargo, la consejera se dijo sorprendida de ese criterio, pues, recordó, históricamente los partidos no podrían hacer nada hasta que sus estatutos fueran validados por el INE.
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