Un grupo de 261 priistas inconformes con la dirigencia nacional del PRI presentaron al INE sus argumentos en contra de las reformas a los estatutos del PRI y solicitaron celeridad en la revisión.
Fernando Lerdo de Tejada y José Ramón Martell entregaron el documento en la oficina de la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y se reunieron con el presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, el consejero Uuc-Kib Espadas.
En el escrito, que se presenta como un "amicus curiae", insisten en que se deben revertir las reformas a los documentos básicos por considerar que no sólo violan la legislación, también sus propios estatutos.
Demandan aplicar el artículo 208 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que una vez iniciado el proceso, los partidos no podrán hacer modificaciones a sus documentos, y aclara que la última fase de una elección es la declaración de la elección.
Además, advierten, es arbitrario que el partido vaya a una elección interna con nuevas reglas cuando el INE no ha validado dichos documentos.
Enlistan el desaseo en todo el proceso para convocar a la Asamblea Nacional, la exclusión de cuadros y la celeridad para aprobar los documentos, así como el contenido de las reformas.
"Haciendo una interpretación sistemática y funcional de los principios rectores de la democracia, en general, y de las normas estatutarias, en especial, el hecho de que se prevea que el máximo dirigente ejecutivo del partido, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, pueda reelegirse hasta por tres periodos consecutivos es contrario a los principios de nuestro Partido Político", indica.
Por ello, piden tomar en cuenta sus argumentos para proteger el interés colectivo y los derechos político-partidistas de la militancia del PRI, y declarar la improcedencia constitucional y legal de las reformas.
El escrito está firmado por 14 ex gobernadores priistas, algunos de ellos de la organización Frente Amplio; y los expresidentes del PRI Dulce Ma. Sauri, Pedro Joaquín Colwell, José Antonio González, y Enrique Ochoa.
Así como el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y los líderes de las agrupaciones Plataforma PRI, Fernando Lerdo de Tejada; Movimiento Líder, José Encarnación Alfaro; y Alianza Generacional, José Ramón Martell.
Además de 44 ex secretarios de dirigencias estatales, 17 ex senadores, 62 ex diputados federales, 41 ex diputados locales, 74 militantes y líderes locales. El único diputado federal en funciones es Salvador Alcántar.
En entrevista, Martell afirmó que el consejero Espadas escuchó su versión, y confían en que no permitirán un atropello de esta magnitud, pues, remató, son documentos "espurios" y la autoridad debe ponerle un alto a Alejandro Moreno.
"A nuestro juicio, el procedimiento es totalmente ilegal, desde la realización de la asamblea, las modificaciones estatutarias que única y exclusivamente se hicieron para convalidar la posible reelección de Alito", indicó.
Lerdo añadió: "Todo es una gran simulación, es un teatro, todo lo hacen en plazos cortitos para no dar oportunidad a reaccionar realmente a la militancia. Lo que quieren es mantenerse a toda costa, aun cuando los resultados de la dirigencia han sido malísimos".
Encarnación Alfaro afirmó que el PRI se baja en un criterio del Tribunal sobre una reforma a los estatutos que hizo Morena, después de la elección del 2018, para argumentar que el tricolor sí puede.
Sin embargo, aclaró, eran otras circunstancias y las modificaciones no atentaban contra la militancia, lo que, consideró, ahora sí sucede.
"Esa reforma, que se dio 30 días después de la elección, era por los procesos locales que iniciaban en septiembre, entonces Morena tenía la obligación de cambiar sus documentos básicos, y el Tribunal consideró que aunque no culminaba la calificación de la elección presidencial, ya no afectaba.
"No encaja para nada, en lo absoluto, porque en el PRI no pasaba ni 24 horas de la elección y el presidente del CEN ya estaba convocando al Consejo Político para convocar a la Asamblea. Cuál es la urgencia o interés general para modificar los documentos, al contrario, estábamos en la revisión de resultados", afirmó.
También demandaron a los magistrados del Tribunal Electoral votar los dos proyectos de Reyes Rodríguez que proponen ordenar al órgano de justicia partidaria resolver las quejas y al INE revisar las reformas en 10 días.