Integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y especialistas llamaron al INE y al TEPJF a evitar la sobrerrepresentación de la coalición oficialista en la Cámara de Diputados y con ello garantizar que la democracia mexicana no regrese a los años 70, cuando las minorías eran apabulladas.
José Medina Mora, presidente de Coparmex, recordó que pesa a que el 2 de junio pasado, la coalición Morena-PT-PVEM obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección al Congreso, se pretende asignarle el 75 por ciento de los curules en San Lázaro, con lo que tendría el control de la Cámara de Diputados.
Eso significaría, explicó, que mientras a Morena y sus aliados se les otorga un diputado por cada 80 mil votos, a la Oposición le darían uno por cada 200 mil.
Medina Mora sostuvo que esa decisión afectaría la voluntad de los ciudadanos que votaron por otras opciones políticas, cuyos representantes, en lugar de ocupar el 46 por ciento de las curules en la Cámara baja, se verían representados en solo el 25 por ciento.
El artículo 54 de la Constitución, mencionó, establece límites claros a la sobrerrepresentación, entre los que están que ninguna fuerza política cuente con más de 300 diputados ni con una sobrerrepresentación superior al 8 por ciento.
En este momento, advirtió el presidente de la Coparmex, las autoridades electorales tienen la responsabilidad histórica de reflejar fielmente la voluntad del electorado, garantizando una representación justa y proporcional en el Congreso.
"Esperemos que en esta decisión histórica del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal Electoral la democracia mexicana pueda seguir adelante y no sufra un retroceso al México de los 70, en donde la oposición no podía ni siquiera presentar una acción de inconstitucionalidad. Así de importante es la decisión que cae en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación", manifestó.
Pedro Salazar, del Consejo Nacional de la Abogacía Mexicana, consideró que si bien la coalición oficialista y el Gobierno federal tienen razón al argumentar que el artículo 54 de la Constitución establece que los partidos políticos son los destinatarios específicos del tope del 8 por ciento de sobrerrepresentación, jurídicamente se trata de una interpretación muy estrecha.
Una interpretación correcta, opinó, tiene que tomar en cuenta el origen de esa disposición constitucional, la razón de ser de la misma y lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la representación proporcional.
Salazar recordó que la exposición de motivos de la reforma que dio origen a ese tope establece que su objetivo es que ningún partido o coalición se apropie del contenido constitucional.
"La lógica es muy clara: la lógica es lograr que el contenido de la norma suprema, que es de todas las personas en el país, no esté a disposición, como hoy se pretende, de una sola fuerza política, entiéndase partido político o coalición", detalló.
El abogado abundó que en 1998, como resultado de una acción promovida por el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador, a raíz de un caso ocurrido en Quintana Roo, la Corte realizó una interpretación sobre el sentido de la representación proporcional.
En esa interpretación, detalló, advirtió que la representación proporcional tenía como finalidad garantizar la pluralidad, salvaguardar la representación legislativa de todos los partidos con méritos representativos y, en consecuencia, evitar la sobrerrepresentación de una fuerza política.
El académico dijo que la interpretación de la disposición del artículo 54 constitucional debe ser histórica, al considerar sus orígenes, teleológica, porque debe respetar la finalidad para la cual fue aprobada esa reforma, garantista, porque debe mirar los derechos políticos, en este caso, de las minorías políticas, y sistemática, porque debe hacerse a la luz de otras disposiciones constitucionales que establecen los principios y el régimen democrático en el País.
"Si esa interpretación es correcta, entonces el Tribunal Electoral, la Sala Superior y antes el INE, tienen argumentos estrictamente jurídicos, no de naturaleza política para aplicar el tope del 8 por ciento a la coalición mayoritaria y evitar así que tenga una sobrerrepresentación legislativa en el caso concreto de la Cámara de Diputados", afirmó.
Mariana Campos, de México Evalúa, advirtió que el debate no es en torno al triunfo de Morena en el Congreso y el de Claudia Sheinbaum en la elección presidencial, los cuales calificó de inobjetables.
El debate, agregó, está en el hecho de que se pretende construir una mayoría artificial a través de la transferencia de 90 de los 123 triunfos obtenidos por Morena a nivel distrital a sus aliados, con el objetivo de obtener más posiciones plurinominales.
Con ello, expuso Campos, la coalición conformada por Morena-PT-PVEM obtendrían alrededor de 372 diputados, es decir, alrededor del 74 por ciento de la Cámara baja, en lugar de tener 315, equivalentes al 63 por ciento.
"Esperamos que las autoridades electores actúen con toda la responsabilidad en relación a este punto en defensa de lo que sí se expresó por los mexicanos en las urnas. Creo que de esta manera se va a proteger la integridad del sistema electoral, se refuerza la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones y se avanza hacia una democracia verdaderamente participativa que refleje la diversidad y la voluntad de los mexicanos", planteó.
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