El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con el respaldo de 11 organismos locales de la iniciativa privada, reclamaron la inseguridad, falta de coordinación entre autoridades, incremento de operaciones del crimen organizado y una nula respuesta de autoridades en Baja California.
Una muestra de esta inseguridad es que el pasado 8 de julio, sujetos armados asesinaron en Ensenada a la empresaria Minerva Pérez Castro, presidenta de Canainpesca estatal.
Entre los organismos nacionales, con sus sedes locales, que reclamaron estuvieron el de vivienda (Canadevi), de la Industria de la Transformación (Canacintra), de Desarrollo Económico (CDT), de Turismo (Cotuco), de Comercio en Pequeño (Canacope) y de Autotransporte de Carga (Canacar), entre otros.
Los empresarios enumeraron que ese mismo día, una joven estudiante, de 23 años de edad, Paola Andrea Bañuelos, desapareció en Mexicali y su cuerpo fue localizado horas después; el 10 de julio, tres sujetos armados dispararon contra visitantes de un parque acuático en Tijuana, y un día después, una balacera se registró en las inmediaciones del Estadio Caliente.
Reclamaron que la inseguridad afecta a todo el sector productivo de Baja California, e, incluso, permeó a las áreas recreacionales.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la entidad, Carlos Jaramillo Silva, indicó que la sociedad tiene que decir "basta ya", por lo que convocó a una vigilia simultánea en todo el Estado la tarde del próximo 17 de julio.
"Tenemos que hablar por los comerciantes, por los transportistas, por nuestros profesionistas, por nuestros empleados, por nuestras familias, esto es lo que nos hace decir basta ya, necesitamos acciones contundentes", expresó.
"Cada vez se atreve a más el crimen organizado, nos dicen 'es el tema de Minerva lo que los hace salir (a la Iniciativa Privada)', y no, es el atrevimiento (del crimen), el querer callar a un líder de opinión, a alguien que denunció, por eso no nos vamos a quedar callados", agregó.
Roberto Quijano, abogado empresarial y Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, respaldó que la delincuencia está desbordada y solo las autoridades no lo alcanzan a ver.
"(Hay un) deterioro de las instituciones, y por qué no decirlo una falta de capacidad y de responsabilidad de quienes son encargados de la seguridad pública. Aunque hayan sido elegidos de manera mayoritaria, eso no los legitimiza para no atender su responsabilidad, la sociedad está harta", declaró.
Edgardo Flores Campbell, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, resaltó que pese a que está escalando la actividad del crimen organizado, hay una descoordinación entre el área preventiva y la Fiscalía General del Estado.
"No bajamos en el número de homicidios dolosos", expresó, "al final la autoridad sabe dónde están los grupos criminales, quiénes son, dónde operan, en términos de tráfico de personas, y los tijuanenses pagan el precio".
Norma Eugenia Robles Ulloa, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Baja California, admitió que tuvo que salir hace siete años de Tijuana por razones de seguridad y ahora ve el tema peor que antes.
"Regreso y veo que la inseguridad está más mal que hace siete años. Es incomprensible cómo nuestra ciudad se ha deteriorado en muchos sentidos, nuestro Gobierno se jacta de tener las mejores cifras en materia de recaudación fiscal, sin embargo, vemos que estos recursos no son invertidos", dijo.
En ese sentido, Quijano exaltó que en Baja California no se entiende por qué razón la Secretaría de Finanzas del Estado y el Congreso local disminuyeron el presupuesto en materia de prevención del delito.
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