El Gobierno de Japón ha adoptado una política nacional contraria al desarrollo de armas letales plenamente autónomas, una postura que mantendrá ante organismos internacionales a la hora de abordar discusiones sobre este tema.
El Ministerio de Exteriores de Japón ha remitido sus directrices nacionales sobre armas autónomas en un documento dirigido a Naciones Unidas, donde defiende el principio de "centralidad humana" en el desarrollo de tecnologías emergentes y su uso de "forma responsable", según informó este lunes la agencia nipona Kyodo.
El Gobierno japonés considera esencial que haya participación humana a la hora de usar cualquier tipo de armamento de modo que siempre pueda haber personas que respondan ante la justicia en caso de infracciones de leyes humanitarias internacionales, según otro documento publicado previamente por el ministerio.
Debido a que actualmente no existen garantías de que el armamento plenamente autónomo pueda ser usado de acuerdo con la normativa internacional, Japón considera que debería crearse un marco legal que resuelva esta situación.
En este contexto, el país asiático afirma que ha optado por no desarrollar este tipo de armas de nueva generación letales, aunque sí reconoce la utilidad de la automatización de material de defensa a la hora de reducir el riesgo de errores humanos, y también ante la carestía de mano de obra que sufren las tropas niponas.
El documento nipón define el armamento letal plenamente autónomo como aquel que, una vez activado, puede "identificar, seleccionar y atacar objetivos con fuerza letal sin intervención de un operador".
La preocupación internacional por los avances en este tipo de armamento han aumentado conforme los drones de combate se han generalizado en conflictos como la invasión rusa de Ucrania o el palestino-israelí.
Se espera que Naciones Unidas publique un informe sobre la situación de las armas letales plenamente autónomas en el mundo este verano, tras recabar opiniones de los países.
El pasado diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución que llamaba a la comunidad internacional a "afrontar los desafíos generados por el auge de los sistemas de armamento autónomo", que fue respaldada por unos 150 países y rechazada por otros como Rusia, Belorrusia y la India, mientras que 11 se abstuvieron, entre ellos China, Corea del Norte o Israel.
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