La formación ultraderechista española Vox anunció este jueves su salida de los ejecutivos regionales en los que gobierna con el conservador Partido Popular (PP), después de que los populares alcanzaran ayer un acuerdo con el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez para la reubicación de 400 menores migrantes.
Tras varios días advirtiendo de que si el PP votaba a favor de acoger a estos menores que actualmente se encuentran en las Islas Canarias - donde hay 5.500 menores migrantes y cuyos servicios de acogida se encuentran desbordados- la ultraderecha deshizo los acuerdos de las regiones de Aragón, Extremadura, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares.
En las cinco primeras comunidades, los dos partidos gobernaban hasta ahora en coalición, mientras que en la última lo hacía el PP en solitario con el apoyo de Vox.
La decisión fue anunciada por el líder del partido, Santiago Abascal, en una declaración sin preguntas ni presencia de medios de comunicación, después de una reunión de la comisión nacional del partido en su sede de Madrid.
El líder del Vox anunció así que su partido se retira de los gobiernos de Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia con la dimisión de sus vicepresidentes y consejeros, para pasar a ser en estas comunidades una oposición "leal y contundente", y rompe el pacto de investidura en Baleares.
"Es imposible pactar con el que no quiere hacerlo", argumentó Abascal, quien acusó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de pretender "imponer políticas de fronteras abiertas" y advirtió de que "nadie ha votado" a Vox ni al PP para que se mantenga la "invasión" de emigración ilegal y de menores no acompañados en España.
Según el líder del partido, Santiago Abascal, esta decisión responde a la "agresión" del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, al "obligar" a las comunidades a aceptar el reparto menores migrantes no acompañados.
En estos momentos Canarias, donde gobierna el partido regionalista Coalición Canaria con un pacto con el PP, acoge a más de 5.500 menores, una cantidad muy por encima de sus capacidades para atenderlos.
El pacto alcanzado por las comunidades autónomas, con la abstención de Cataluña, y que podría implicar una reforma de la ley de extranjería, es rechazado de plano por Vox, que considera la inmigración irregular como un peligro para los españoles y un fenómeno relacionado con la delincuencia.
El PP manda un mensaje de tranquilidad
Antes de hacerse pública la decisión, Feijóo quiso enviar un mensaje de tranquilidad y subrayó que lo que le preocupa es "ser coherente con lo que uno piensa".
El popular guardó silencio al ser preguntado sobre el hecho de que Abascal haya dicho que es él, como presidente del PP, el responsable de la ruptura de los pactos.
Algunos de los presidentes regionales de estas comunidades secundaron por su parte al líder popular, como el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien garantizó la "estabilidad del Gobierno valenciano sin ninguna duda", y recordó que su partido "tiene un proyecto para todo el mundo" que van "a poner en marcha" y para el cual contarán "con todos los grupos parlamentarios".
Preguntado por un posible adelanto electoral, aseguró que lo que "conviene" a su región es "seguir trabajando en esta agenda del cambio" y va a hacer "todo lo posible" para que siga siendo así.
El PP, que gobierna en 12 de las 17 regiones españolas, en 6 de ellas mediante acuerdos con Vox, acordó ayer miércoles con el Gobierno central la reubicación voluntaria en toda España de 400 menores migrantes no acompañados; la mayoría de ellos se encuentran en las Islas Canarias (Atlántico), archipiélago al que llegan en pequeñas embarcaciones precarias procedentes de la costa atlántica africana.
internacionales
