Un tribunal federal canceló el proceso contra Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de la Sedatu, por un convenio supuestamente indebido de 106.8 millones de pesos con la Universidad Autónoma Indígena de México (hoy Intercultural de Sinaloa), en el caso de la Estafa Maestra.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal de la Ciudad de México resolvió no vincular a proceso al ex funcionario por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, porque la Fiscalía General de la República no acreditó que su firma sea la que aparece en el convenio.
"No existe algún indicio (dato de prueba) razonable que le permita suponer que probablemente el justiciable signó el convenio tildado de ilegal", se lee en la sentencia.
"Lo que en modo alguno significa desestimar el "valor probatorio" del convenio de referencia, pues su existencia quedó acreditada, que fue indebido y que se trató de recursos públicos, pero no quedó razonablemente demostrado que sea el justiciable quien haya plasmado su firma en él".
Los tres magistrados del colegiado confirmaron de forma unánime la no vinculación a proceso dictada el 23 de abril de 2023 por Juan José Hernández Leyva, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
El tribunal tomó en cuenta un dictamen en grafología, elaborado el 10 de abril de 2023 por un perito particular, que concluye que la firma que aparece en el convenio cuestionado no es la del ex subsecretario.
Según el colegiado, la defensa de González Tiburcio le entregó este dictamen a la FGR en la misma fecha en que fue elaborado y el Ministerio Público federal no hizo su propio análisis forense, para estar en igualdad de armas y controvertir el de su contraparte.
"La Fiscalía, pese a haber tenido la oportunidad y tiempo suficiente para controvertirlo con otro dato de prueba igualmente razonable, no lo hizo y únicamente se limitó en la audiencia a alegar que debe desestimarse", se explica en el fallo judicial.
La imputación
En este asunto, la FGR imputó a González Tiburcio haber suscrito en forma indebida el convenio general de colaboración entre la Sedatu y la UAIM, el 4 de enero de 2016, un documento sin contenido económico.
Derivado de este convenio, el 28 de enero del mismo año otros funcionarios de la secretaría y la universidad firmaron un convenio específico y el anexo de ejecución, mediante el que se transfirieron 106 millones 838 mil 900 pesos a la casa de estudios.
El servicio que la UAIM prestaría a la Sedatu en este contrato consistía en elaborar un "Diagnóstico de las necesidades de las mujeres y análisis de oferta de servicios para el empoderamiento de las mujeres en Tlapa de Comonfort, Guerrero y municipios aledaños".
En su revisión de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación detectó que este trabajo presuntamente ya había sido realizado con anterioridad, pues su contenido prácticamente era el mismo de otro proyecto financiado en 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que implementó la Sedesol en el mismo municipio guerrerense.
La FGR señaló que la Sedatu incurrió en cuatro ilegalidades: no haber realizado una investigación de mercado, para garantizar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento; no convocar a una licitación; y no publicar la convocatoria de esta contratación en las páginas de internet de Compranet y de la secretaría.
Además, no verificó que la UAIM tuviera la capacidad para prestar los servicios, pues subcontrató el 100 por ciento del convenio, cuando el límite establecido por ley es del 49 por ciento.
Denuncia y lo procesan
Enrique González Tiburcio es uno de los imputados que desde hace más de cinco años denunció ante la FGR que su firma había sido falsificada en los contratos de la Estafa Maestra.
El caso de la UAIM es el primer asunto del que sale librado por no haberse acreditado la autenticidad de su rúbrica, sin embargo, tiene otros tres procesos en curso.
Dos de ellos están relacionados con el convenio de 185 millones de pesos que suscribió la Sedatu con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo, uno el delito de por falsedad en declaración -precisamente porque negó que fuera su firma- y otro por uso indebido de atribuciones y facultades.
El tercer proceso es también por este último ilícito, pero relacionado con un convenio de la misma secretaría con el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, por 100 millones 925 mil 730 pesos.
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