Un grupo de 25 jueces y magistrados federales afirmaron que los cambios que pretende la iniciativa de reforma judicial raya en un acto de tiranía que, de consolidarse, comprometerá la seguridad jurídica y los derechos incluso de quienes la promueven.
Los impartidores de justicia del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes, hicieron un pronunciamiento en el que resumen que la reforma confunde el concepto de justicia y sólo pretende avasallar al Poder Judicial de la Federación (PJF), pues la idea de elegir a los juzgadores mediante el voto popular es un pretexto para someterlos.
Los firmantes pusieron en duda la postura de diálogo que mantienen los principales actores del PJF, pese al discurso de atropello y humillaciones contra los juzgadores, por lo que advirtieron que no van a impedir los eventuales paros y protestas contra la aprobación de la iniciativa.
"Es cuando menos dudosa la eficacia de un diálogo ante el sistemático y público discurso de atropello, humillación y degradación. Han sido años de activismo con una percepción falsa no probada, y mucho menos en causada a procedimientos válidos que nos permitan desahogar pruebas para demostrar la verdad sobre la falsa calumnia; al igual que implícita, o hasta explícitamente, se nos ha amenazado e intimidado mediante un continuo discurso público unilateral", acusaron.
"No podemos comprometernos a no actuar ante una intromisión en la Judicatura que pretende el cambio total de quienes ejercen por carrera su función, lo cual raya, es un acto propio de una tiranía. No podemos pedir que trabajadores callen, no se muevan, no hagan paro, protestas, ante el final de su carrera judicial en su vocación. La indignación es general, sostenida, compartida".
Cuando este Poder Judicial deje de ser independiente, alertaron, y control del poder político, y sea servil, populista, consolide ideologías y partidos políticos, ningún habitante del país, incluidos quienes alientan su desmantelamiento, tendrá seguridad en el respeto de los derechos humanos.
Parafraseando al Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque sin referirlo por su nombre, los jueces y magistrados refirieron que, en su integración de personal y esquema institucional, el PJF está definido para no engañar, no robar, no traicionar al pueblo, sino para proteger sus derechos humanos.
Los impartidores de justicia se dijeron perseguidos, exhibidos y presionados ante la posible pérdida de su trabajo que traería la reforma, con las afectaciones que eso implica para sus familias.
Esta propuesta de reforma, expusieron, tiene una grave confusión al mezclar intencionalmente los conceptos de justicia social y política, que corresponden al Ejecutivo y Legislativo, con la impartición de justicia constitucional que corresponde al PJF.
Al respecto, consideraron que es imposible atribuir a una sentencia de amparo las inmensas desigualdades económicas y sociales, el crimen organizado, una Policía corrupta, la impunidad y otros males sociales, máxime que el amparo es el único escudo frente a los actos autoritarios, no es causa, sino remedio contra el abuso de poder.
"No queremos poder político"
También rechazaron la elección de juzgadores a través del voto popular, porque estimaron que implícitamente es una invitación a compartir el poder político.
"No somos políticos, rechazamos cualquier invitación a compartir el poder político: juzgar exige capacidad, independencia y autonomía. Nosotros no insultamos, no usamos urnas para juzgar o perseguir, no usamos vallas ni grupos antimotines. Nuestra fuerza proviene de la razón, de la palabra, con el apoyo del Estado de derecho", manifestaron.
"No defendemos ideologías ni propias ni ajenas. Obedecemos leyes, valores, principios del sistema jurídico mexicano. Lo hemos hecho siempre, lo hicimos ante el escarnio sin sustento y lo seguimos haciendo aún ante las adversidades presentes. Nosotros no rendimos pleitesía al Ejecutivo y el Legislativo: somos un contrapeso constitucionalmente previsto precisamente para ello, para hacer contrapeso".
Somos un poder de control de regularidad constitucional frente al poder mismo del Estado mexicano, aseguraron, porque la Constitución así lo establece y demanda, lo cual ahora se pretende presentar y explicar como motivo de la urgencia de avasallar al Poder Judicial Federal.
La denostación del sistema de justicia federal, acusándolo de elitista, con privilegios y conservador, advirtieron, responde a que la carrera judicial es vista como un obstáculo porque representa a una legitimidad y moralidad neutra, distinta a la que exige el régimen político.
"La democracia es incompatible con la extinción masiva de los juzgadores constitucionales. La reforma judicial elegirá a jueces sometidos a quienes pudieran proponerles para ser votados. Esto destruye no sólo la división de poderes, desmantela y rompe el brazo más sólido y vigoroso del Estado constitucional, cuyo objeto y condición prohíbe concentrar el poder", expresaron.
"Inhabilitar a todos los juzgadores federales en activo es aniquilar materialmente todo contrapeso independiente e imparcial para hacerlo dócil e inefectivo".
Los impartidores de justicia rechazaron que los mil 700 juzgadores federales sean corruptos o que representen élites e ideas conservadoras, pues la mayoría proviene de la clase media y de escuelas públicas, o que liberen delincuentes.
"Liberamos personas cuya culpabilidad no se haya comprobado, amparamos hoy y siempre el perseguido sin pruebas, con el derecho como fundamento", sostuvieron.
"Nuestro modelo de juzgador federal es moderno, eficaz, profesional. Sin temor a equivocarnos, el mejor que ha tenido México en su historia".
Los juzgadores recordaron que el año pasado el 97 por ciento de los usuarios del sistema de justicia federal se sintieron satisfechos, según una encuesta del Consejo de la Judicatura Federal.
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