Filiberto Juárez Córdoba | 23/06/2024 | 14:54
LA INICIATIVA de desaparecer el INTERAPAS, organismo intermunicipal operador del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro, seguramente será aprobada, pero correrá la misma suerte de otras acciones legislativas del Congreso del Estado, será invalidada por la Suprema Corte de Justicia, por inconstitucional. El artículo 115 de la Constitución mexicana, en su párrafo III, inciso a, dispone: “Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”. Ahí mismo se dice: “Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio”. Esto significa que cualquier cambio debe partir de la decisión de los ayuntamientos de los municipios, no de los diputados u otra instancia gubernamental. Si se tratara de municipios de dos o más estados, los congresos locales deben dar su autorización, pero las alcaldías son las que deciden.
El INTERAPAS, surgió por un decreto que integró al SIAPAS y al COAPAS, organismos paramunicipales de San Luis y Soledad, yal sistema municipal de Cerro de San Pedro. El INTERAPAS tiene fallas y debe ser modificado, pero eso deben hacerlo los gobiernos de esas entidades. Por diversas cuestiones, unos dicen que técnicas otros que políticas, desde hace tiempo, se ha difundido la intención de Soledad de separarse del INTERAPAS. La creación de la Dirección de Agua Potable del Ayuntamiento de San Luis Potosí, parece indicar que hay preparativos para que el municipio reasuma su función. Cerro de San Pedro, poco participa en la discusión.
LA PRETENCIÓN de los diputados, de que la Comisión Estatal del Agua asuma la prestación del servicio, mientras se crea una nueva figura, contraviene lo que dice el artículo 115, pues puede haber un convenio para que el estado preste ese servicio, pero eso solo sería posible legalmente, “cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario”. Si el planteamiento es que los bienes y activos del INTERAPAS, si se declara la extinción, pasen a la CEA, para seguir prestando el servicio, mientras que los adeudos y pasivos, deben ser cubiertos por los municipios, con qué juicio, un ayuntamiento va a firmar un convenio que le quite lo que tenga valor y le deje lo que hay que pagar. Más valdría que analizaran bien el caso y, los diputados, se sienten a platicar con los alcaldes, para evitar nuevos reveses de la Suprema Corte.
LA INHABILITACIÓN para ocupar cargos públicos por 20 años, aplicada por un dictamen del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, a Marcelino Rivera -por no haber solventado las irregularidades detectadas en una auditoría a su desempeño como alcalde de San Martín Chalchicuautla-, tiene sus repercusiones por que el sancionado es diputado plurinominal electo. Ya el Partido Acción Nacional, entró en su defensa y dice que es un proceso que no ha concluido y mientras eso suceda, tiene sus derechos políticos electorales a salvo. La auditoría, fue a su actuación en el periodo 2012-2015, y la última notificación que recibió, pero no respondió, fue en mayo del 2024. Hay indicios de que las actuaciones son firmes y no podrá ocupar su nuevo cargo. Marcelino Rivera, después de ser alcalde fue diputado federal y ha formado parte de la directiva estatal del PAN. Va a estar interesante el litigio de su asunto, si logra rendir protesta como legislador local, invocando su fuero, tendrá 3 años para arreglar sus pendientes.
LA RENUNCIA de Edmundo Torrescano Medina, a su militancia priista, forma parte de las confrontaciones de la dirigencia con las bases y liderazgos. Saliendo de una campaña en la que al priismo local no le fue nada bien, lo esperado es que se iniciara una operación de reencuentro y reconciliación partidista, sumar a los que quedaron y multiplicarlos con diálogo y búsqueda de nuevos proyectos comunes. Al parecer se fueron por la vía de ampliar la división para conseguir la resta definitiva. Torrescano Medina, se fue, dijo, porque ya le habían iniciado un proceso de expulsión, por haber discrepado con la actuación y desempeño de la dirigencia. Malo está eso, aunque hay quienes afirman que en el PRI pronto quedaron suspendidos, totalmente, los procesos de expulsión. Preguntamos si eso va a ser por un acuerdo de la próxima asamblea nacional, prohibir las expulsiones de militantes, para evitar más bajas, pero nos dijeron otra cosa. NOSOTROS DECIMOS:
Modificarán sus modos
Y punitivo proceder,
Pues como ya se fueron todos,
¡Ya no tienen a quien correr!
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