Por un cambio al poder judicial

Durante la última década del siglo pasado cuando la transición democrática comenzaba a acelerarse, el contar con un Poder Judicial subordinado a la Presidencia de la República resultaba ser un lastre que debía replantearse, de ahí que, durante la gestión de Ernesto Zedillo, se materializara un golpe de Estado que desapareció a la Suprema Corte de Justicia y la hiciera resurgir con una fortaleza que le permitiera hacer frente al fin del partido preponderante.

Este nuevo Poder Judicial se fue fortaleciendo con el paso de los años, su diseño institucional y las alternancias políticas le dieron un lugar privilegiado como balanza entre los conflictos que en muchas ocasiones frenaron el dialogo entre las distintas fuerzas políticas del país y con ello se consolido como un freno ante los excesos de alguno de los órganos del Estado.
Si a la transición democrática le sumamos la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos, que constituyó un cambio de paradigma en el sistema jurídico mexicano, encontramos un Poder Judicial que se imponía a las decisiones del Ejecutivo, con sus sentenciasfrenaron obras, legislaciones, decretos, entre otras cosas, por lo que adquirió una posición fundamental como órgano de control del Poder.

Desgraciadamente su posición como contrapeso y control, no son necesariamente la facultad que más ubica la ciudadanía para un Poder Judicial, ya que la sociedad tiene un mayor contacto con la justicia, a través de los asuntos ordinarios, es decir temas sencillos como un divorcio, un delito, un contrato, etc.

Y ante estos temas que la ciudadanía ubica, no sólo se tiene una percepción de corrupción, sino que además se percibe como una justicia lenta y hasta alejada de las personas, por la burocratización de los procesos.

Si a todo esto se suma la existencia de 33 Poderes Judiciales, donde si bien es cierto que el Federal muestra un mayor avance en la profesionalización de los servidores públicos y con ello una consolidación institucional, la realidad es que los 32 Tribunales de Justicia de los Estados, viven un alto grado de sumisión a los gobernadores y por supuesto una mayor percepción y frecuencia de la corrupción.

Además de lo anterior, es evidente la existencia de un sisma entre el Poder Judicial y la ciudadanía, es decir, el órgano encargado de impartir justicia se cerró en su lógica de que la tecnificación era lo único relevante y perdió de vista que vivía en un ecosistema democrático, en el que la Rendición de Cuentas y la legitimidad social eran fundamentales para su consolidación.

Ante esta realidad tan compleja llego un Poder Judicial a los tiempos de un hombre que construyó su legitimidad en sus recorridos con la ciudadanía, un hombre que entendió y manejó el malestar social que se acumulo y ante esta ola de fuerza, el órgano jurisdiccional se desubicó ante una batalla que nunca había enfrentado desde su resurgimiento.

Andrés Manuel es un hombre que agudizó la polarización y ante la falta de diálogo con las fuerzas políticas y una mayoría legislativa que se imponía, el Poder Judicial se convirtió en el único reducto de contrapeso que quedaba, lo que avivó más el enfrentamiento entre la autodenominada cuarta transformación y la Suprema Corte.

El Presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum nunca nos engañaron en que buscaban transformar el Poder Judicial, desde antes de la campaña dejaron claro que querían hacer y como lo querían hacer, el problema no radica en eso en sí mismo, sino que ni la oposición, ni el Poder Judicial supieron hacer algo para que la ciudadanía percibiera la necesidad de consolidar contrapesos y de garantizar la independencia entre los poderes de la unión.

Hoy es claro que la reforma al Poder Judicial se materializará, es evidente que es un órgano que requiere ser analizado en su diseño institucional, pero la propuesta planteada, no resuelve los problemas y fondo y por el contrario crea unos que pueden ser más graves de los que enfrenta actualmente.

Hoy podemos hablar de un Poder Judicial Federal que tiene evidentes temas de opacidad y en algunos casos de corrupción, pero mañana estaremos frente a un órgano sin independencia para ejercer sus funciones; hoy hablamos de Poderes Judiciales Locales subordinados a los gobernadores, mañana subordinados a intereses mucho más complejos.

La reforma constitucional al Poder Judicial estará dejando grandes problemas, ya que por un lado genera incertidumbre para los inversionistas por el riesgo al débil Estado de Derecho que tenemos, pero además por el retroceso democrático que puede significar por el daño institucional.

Si todo ello, ya hace compleja la discusión de la reforma al Poder Judicial, debemos sumar que es la primer gran batalla del nuevo Gobierno, por un lado la necesidad de mostrar lealtad al liderazgo del movimiento ganador, pero por otro, el consolidarse como una fuerza política independiente porque se asume que ya se cuenta con el bastón de mando.

La encrucijada no es fácil, seguir apostado y aferrarse a la reforma como esta planteada podrá a Claudia en una posición incómoda que le reste legitimidad, pero que además genere estragos económicos; y por otro lado, buscar cambiar la reforma para hacer una modificación pertinente y necesaria, podría generar el sisma que le propicie grandes problemas políticos por la ruptura con López Obrador.

En este escenario, Claudia tiene todo para comenzar perdiendo su primera batalla, pero si logra que exista sensatez y frene la reforma en sus términos y logre construir una reforma que de verdad consolide al Poder Judicial, comenzará dando el golpe que necesita para mostrar que, si habrá “continuidad, con sello propio”.