Alfonso Del Real López | 06/06/2024 | 00:01
Usted y yo fuimos testigos de que el lunes 3 de junio, después de la estruendosa victoria electoral de MORENA y sus aliados el PVEM y el PT, tanto en el plano federal como en el ámbito local, una de las reacciones inquietantes fue la del sector financiero: los mercados respondieron a los resultados electorales con escepticismo, desconfianza y hasta recelo.
Para tener un mejor contexto, le recomiendo que pueda revisar las editoriales de Enrique Quintana en el periódico El Financiero y la de Enrique Campos Suárez en El Economista. En la primera, Quintana dice “la razón [de la caída del índice de precio y cotizaciones de la bolsa de valores y del incremento del precio del dólar, que reflejaron un lunes negro] es la inquietud generada en los mercados financieros tras conocerse los resultados electorales del domingo (…) No fue sorpresa el triunfo de Claudia Sheinbaum (…) Lo que resultó inesperado fue el margen que obtuvo y los resultados de las elecciones para diputados y senadores”; por su lado, Campos escribió que “(…) durante las horas siguientes de la noche del 2 de junio se dejaba ver uno de los peores temores de los mercados financieros en torno al futuro de este país. Un régimen populista, que ya había demostrado su capacidad destructiva, tendría al servicio de sus planes rupturistas una mayoría calificada en el Congreso que sería capaz de cambiar la Constitución”.
Por supuesto, puede haber quizás algunas otras lecturas y opiniones respecto del tema, pero vale la pena que consideremos el otro elemento que salió a relucir el pasado 3 de junio, cuando la virtual ganadora de los comicios presidenciales, Claudia Sheimbuam Pardo, dio a conocer mediante un video -algo inusual después de la jornada electoral- que había recibido llamadas de varios mandatarios de diferentes países y, a la par, agradecía al actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, por aceptar continuar al frente de la dependencia; luego, el día 4 de junio, la dependencia hacendaria emitía un mensaje del secretario, en donde éste señalaba que había sido invitado por la candidata presidencial ganadora a permanecer en la dependencia -lo que haría por tiempo indefinido - y [para] asegurar varias cosas, entre ellas: reducir el endeudamiento generado cada año de cara a 2025; actualizar toda comunicación con inversionistas y agencias calificadoras “para confirmar nuestras prioridades: estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de nuestros objetivos fiscales”; “estrechar la colaboración con Pemex, aprovechando el apoyo en el Congreso para optimizar el buen uso de los recursos públicos”; “confirmar a los organismos internacionales e inversionistas privados que nuestro proyecto se basa en la disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera”.
Hay tres puntos que, desde mi perspectiva, vale la pena revisar con calma y no generar ideas alarmistas, sino tratar de entenderlas en su justa dimensión. Cuando el secretario Ramírez de la O dice “prudencia fiscal y la viabilidad de nuestros objetivos fiscales”, podemos situarnos de frente ante la posibilidad de sensatez en lo tributario, es una primera idea de una hipótesis que tendría que ver con reformar el esquema fiscal para, por ejemplo, generar nuevos impuestos o aumentar lo que ya existe, entre otras cosas; lo segundo podemos entenderlo como referido a la eficiencia en el actual manejo de la recaudación, la continuación de la disminución de los esquemas de elusión y evasión fiscal, y el análisis de aspectos clave en sectores de mucha importancia económica en términos de los grandes contribuyentes.
En tercer lugar, señalaría lo fundamental de traer a colación la idea de “el apego al estado de derecho y facilitando la inversión privada nacional y extranjera”, pues la conjugación de ambas actividades construye la solidez de un marco propicio para la inversión y la generación de empleos, para que los capitales confíen en que, entre otras cosas, sus decisiones de inversión en cualquier sector de la economía de México tendrán el respaldo del respeto absoluto a lo legal.
Aquí, sin embargo, el mayor nerviosismo podría proceder de la intranquilidad política -que impacta en la confianza económica- que genera la posibilidad de la mayoría calificada (dos terceras partes de ambas cámara del Congreso de la Unión) que tendría el bloque oficial y, con ello -como lo señalaron los columnistas aludidos al inicio de este texto- realizar modificaciones constitucionales que podrían generar un efecto dominó negativo para la perspectiva de confiabilidad de nuestro país para inversiones, tratados comerciales y demás.
El tema no es menor si tenemos en consideración que es la primera ocasión en muchos, muchos, muchos años, que una expresión política tendría tan cerca la posibilidad de construir una mayoría calificada para modificar la constitución con la mano en la cintura y, posiblemente, tener todo un rediseño del espacio gubernamental en México en cuanto a división de poderes, ámbitos de gobierno, organismos autónomos, instituciones educativas y otros temas más.
Apenas empezamos a caminar en este periodo hasta la toma de protesta de la próxima titular del ejecutivo federal, entre la ratificación de determinadas mayorías electorales y la transición entre gobiernos, pero sin duda, el próximo mes de septiembre será crucial para ver y entender el rumbo que podrían tomar muchas de las decisiones públicas en México. Lo que no puede suceder es que permanezcamos ajenos a lo que sucede. De una u otra forma podemos hacernos presentes en la discusión pública.
*Doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública, UNAM.
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