Las negociaciones en torno al primer Tratado sobre Pandemias de la historia han entrado en su etapa final y quedan pocas horas para que los 194 países que participan en este proceso lleguen a un acuerdo que podría hacer más equitativo el acceso a vacunas y otros suministros médicos en caso de una nueva pandemia.
Las negociaciones, auspiciadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tienen como objetivos principales reforzar con reglas concretas la prevención cuando surjan nuevos patógenos potencialmente peligrosos y evitar que se repita el acaparamiento por parte de los países ricos de los productos esenciales para afrontar una crisis sanitaria de alcance internacional.
Este proceso negociador ha sido blanco de teorías conspirativas y de una avalancha de desinformación, creada en gran parte por grupos de tipo "antivacunas" y otros que se oponen a la existencia de reglas globales.
Estos sostienen que se intenta crear un "gobierno de salud mundial" o que se impondrán nuevas obligaciones a los ciudadanos, lo que es falso en ambos casos.
La idea es que se ponga a disposición de todos los países -independientemente de su nivel de renta- las pruebas de diagnóstico, tratamientos, vacunas, material de protección para el personal médico y cualquier otro insumo esencial para afrontar otra pandemia.
Aunque ningún país se opone públicamente a este principio, la división es evidente entre los países que cuentan con recursos y un aparato industrial suficientemente desarrollado y aquellos que carecen de estos medios, reconoció a EFE una fuente con acceso directo a las negociaciones, que se realizan a puerta cerrada.
En el primer grupo no solo se encuentran países desarrollados e industrializados, sino también potencias emergentes como Brasil, India y Sudáfrica, con capacidad de producción farmacéutica, incluida de genéricos.
Otro de los asuntos en los que aún no se ha llegado a un terreno común es el concepto acuñado por la OMS de "Una sola salud" que parte de la noción de que la salud humana, animal y el medio ambiente están interrelacionados y se influyen entre si, lo que debe quedar reflejado en las políticas sanitarias nacionales.
No obstante, algunos países lo consideran "demasiado ambicioso" y temen las consecuencias que tal enfoque tendría más allá de las políticas sanitarias, en áreas como la agricultura, el comercio o las disposiciones fitosanitarias; además del coste y la reglamentación extras que implicaría.
También persisten desacuerdos en lo referido a la obligación que se establecería de que todos los países deben informar apenas identifiquen un patógeno que podría ser potencialmente peligroso.
Según las reglas vigentes, la obligación de compartir la secuencia genética de un patógeno se aplica solo cuando éste ya ha causado una enfermedad en humanos.
A ese respecto, los países en desarrollo piden garantías de que si un laboratorio desarrolla una vacuna o medicamento en base a la información genética que ellos han compartido tendrán un acceso adecuado a estos productos, evitando que se reproduzca el acaparamiento que efectuaron los países ricos durante la pandemia de covid-19.
Las discusiones en el seno de un grupo negociador -compuesto por delegados de los 194 Estados miembros de la OMS- deberían concluir a más tardar este fin de semana, justo antes del inicio de la Asamblea anual de la OMS el próximo lunes y en la que han confirmado su participación más de un centenar de ministros de Salud.
La intención declarada es que en esta reunión (27 de mayo al 1 de junio) se adopte el tratado, aunque las fuentes consultadas reconocen que no todo está dicho y que cabe la posibilidad de que al final no haya un acuerdo, frente a lo cual confiesan no tener "un plan B".
En ese caso, se podría extender por un periodo limitado el mandato del grupo negociador para evitar que la dinámica creada a lo largo de los últimos dos años de discusiones se diluya y se pierda la oportunidad de que el mundo este mejor preparado ante la eventualidad de una nueva pandemia.
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