El Congreso de la Ciudad de México pondrá a discusión las sanciones por falsificación de documentos.
La diputada Gabriela Salido, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, presentará una iniciativa para que las personas que falsifiquen o alteren un documento público o privado se hagan acreedores a penas de entre tres a seis años de prisión por documentos públicos.
Asimismo, se buscarán sanciones de entre seis meses a tres años de prisión por documentos privados.
La reforma es al Artículo 339 del Código Penal para el Distrito Federal, en materia de falsificación o alteración y uso indebido de documentos.
Las penas incrementarán cuando el documento público o privado que sea identificado como falso sea reconocido por la autoridad que lo expidió para la obtención de certificados de zonificación, usos de suelo o derechos adquiridos.
Se le impondrán de cuatro a seis meses de prisión y de mil a diez mil días de multa.
Si el delito lo comete un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena que se trate se aumentará hasta en una mitad más; además, se le inhabilitará para ocupar otro empleo, cargo o comisión públicos de seis meses a tres años.
La reforma será presentada por Salido el día de hoy ante el Pleno del Congreso de la Ciudad.
La propuesta también puntualiza cómo se comete el delito de falsificación de documentos: poniendo rúbricas falsas o alterando una verdadera, aprovechando la firma en blanco ajena, extendiendo una obligación, liberación o cualquier otro documento.
También, alterando el contexto de un documento verdadero, después concluido y firmado.
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