El día en que IA fue mayor de edad.

Para mi generación (chavo-rucos) la IA pudiera parecer una novedad a la que nos estamos adaptando, para las nuevas generaciones era una urgencia que su desarrollo llegara a la brevedad a su celular, como parte de este nuevo modelo de tener todo rápido y en la palma de la mano.

En pasados días la Inteligencia Artificial paso a ser un activo en los procesos electorales, pues paso de ser un símbolo de modernidad y tecnología, a un arma que suplanta la identidad de otro, pues logró utilizar voz, rostro e inclusive modos para generar una idea equivoca respecto a las propuestas, aptitudes y actitudes de los ahora contendientes electorales.

Con esta acción San Luis Potosí se convirtió, de nueva cuenta, en pionero electoral, pues la suplantación electoral no había sido tema en nuestro País, hasta que “alguien” con una necesidad desesperada por menguar la imagen del ahora candidato de “Fuerza y Corazón por San Luis”, tuvo la ocurrencia de generar un video a base de la Inteligencia Artificial.

En el caso particular de la denuncia de Enrique Galindo, la tipificación en la que considero puede estar sustentada su denuncia es el delito contra la identidad de las personas, tipificado en nuestra legislación penal como:

“ARTÍCULO 187 BIS. Comete el delito contra la identidad de las personas, quien se atribuya por medios electrónicos, informáticos, redes sociales o cualquier otro medio, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevarla a cabo, causando con ello un daño patrimonial; moral, o algún lucro indebido, para sí o para otra persona. Este delito se sancionará con una pena de tres a seis años de prisión, multa de mil a mil quinientas días del valor de la unidad de medida de actualización, y, en su caso, la reparación del daño que se hubiera causado.

Será equiparables al delito contra la identidad de las personas, y se sancionará como tal, a quien:

I. Por algún uso de medio electrónico, telemático o electrónico obtenga algún lucro indebido para sí o para otro, o genere un daño patrimonial a otro, valiéndose de alguna manipulación informática o intercepción de datos de envío, cuyo objeto sea el empleo no autorizado de datos personales, o el acceso no autorizado a base de datos automatizados para suplantar identidades;
II. Posea o utilice datos identificativos de otra persona con la intención de cometer, favorecer, o intentar cualquier actividad ilícita, causando un daño patrimonial, moral, o que obtenga un lucro indebido, o
III. Asuma, suplante, se apropie o utilice, a través de internet, cualquier sistema informático o medio de comunicación, la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca, produciendo con ello un daño moral o patrimonial, u obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para otra persona.

Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán hasta en la mitad, a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito; así como en el supuesto en que el sujeto activo del delito tenga licenciatura, ingeniería, o cualquier otro grado académico en el rubro de informática, computación o telemática; asimismo, cuando sea servidor público o empleado en cualquier institución bancaria, financiera o crediticia.”

Si bien el hecho que se ha presentado puede encuadrar en nuestro sistema penal, es de vital importancia que nuestra legislación también se modernice y generé una oportunidad de certeza para el uso de esta tecnología de manera que garantice ser una herramienta antes que un arma.

Ya se empiezan a concretar esfuerzos que deben ser vistos como una prioridad, uno de ellos es el iniciado por el diputado Ignacio Loyola Vera (PAN) quien presentó una iniciativa para expedir la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, cuyo objeto es regular y normar el uso de estas tecnologías con fines gubernamentales, económicos, comerciales, administrativos, comunicacionales y financieros, con apego a la ética y al derecho.

Estaremos atentos del curso que toma esta iniciativa, así como de la prosecución que las autoridades de investigación realicen para dar con los responsables del uso de IA de manera ilegal, pues ello debe ser un ejemplo para quienes pretendan dar un uso ilegal.

Edmundo A. Torrescano Medina.