El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, ha calificado como “vergonzosas” e “ilegales” las órdenes de arresto de funcionarios israelíes que, supuestamente, prepara la Corte Penal Internacional (CPI) y varios legisladores del Partido Republicano trabajan en represalias por la vía legislativa contra el tribunal.
Ese tribunal internacional, con sede en La Haya (Países Bajos), ha estado investigando desde 2014 las denuncias de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas militares de Israel y las milicias palestinas y podría emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros altos funcionarios por su papel en la muerte de civiles en el ofensiva contra Hamás en Gaza.
Johnson, en una nota de prensa, abogó porque el Gobierno del presidente Joe Biden se oponga a esas órdenes, que considera como “vergonzosas” e “ilegales”, y que “use todos los instrumentos disponibles para impedir tal abominación”.
El legislador de Luisiana sostuvo que si el Gobierno de EE.UU. no se opone a las supuestas órdenes de arresto “la CPI podría crear y asumir poderes sin precedentes para emitir órdenes de arresto contra dirigentes políticos, diplomáticos y militares estadounidenses”.
Resistencia en EE.UU. a que la CPI investigue a Israel
El presidente del Comité de la Cámara Baja para Asuntos Exteriores, el republicano Michael McCaul, aseguró a Axios que están trabajando en una propuesta de ley para sancionar funcionarios de la CPI que investigan a Estados Unidos y sus aliados en esta corte internacional que persigue serias violaciones del derecho internacional humanitario.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el lunes que el Gobierno de Biden no apoya la investigación de la CPI y no cree que ese tribunal tenga jurisdicción en esta situación.
La CPI, fundada en 2002 bajo el Estatuto de Roma, tiene más de 123 miembros y en 2000 el Gobierno del entonces presidente demócrata Bill Clinton firmó el estatuto, pero no sometió el pacto a la ratificación del Senado.
En 2002 el Gobierno del presidente republicano George W. Bush retiró la firma e indicó que no procedería a la ratificación del Estatuto de Roma.
El representante Brad Sherman, demócrata de California, fue citado por la plataforma Axios diciendo que “Estados Unidos debería considerar si seguimos como signatarios” del Estatuto de Roma.
“Tenemos que pensar acerca de discutir con algunos de los países que han ratificado (el Estatuto) y ver si quieren apoyar a esa organización”, añadió.
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