La subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, reconoce que en México hace falta sensibilizar a los jueces para que castiguen conforme está tipificado el delito de trata de personas, debido a que en algunos casos lo han reclasificado como corrupción de menores o lenocinio.
La funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR) dice que a nivel nacional el Poder Judicial ha dictado menos de 15 sentencias por trata de personas, quizá por desconocimiento o porque no sabe identificar la falta.
“Con todo el respeto al Poder Judicial, la verdad es que ahí todavía tenemos un problema, yo quiero pensar que es una cuestión de tiempo, de carácter cultural o en ocasiones es falta de conocimiento...”.
García Espinoza de los Monteros será reconocida este lunes en Estados Unidos con el premio “Heroína contra la Esclavitud Moderna”, por su trayectoria y sus logros en el DF en el combate al delito de trata de personas.
Comenta que será galardonada por el desmantelamiento de la red internacional de traficantes de personas que operaba en la casa hogar Casitas del Sur, donde lograron liberar a 11 menores.
García Espinoza de los Monteros dice que este caso es uno de sus mayores logros, aunque no puede ocultar su frustración por lo que sigue ocurriendo en el barrio de La Merced, en la ciudad de México, que históricamente ha sido un polo de tráfico de personas, prostitución de menores y explotación infantil.
La funcionaria apunta que en México en materia de atención a víctimas falta mucho por hacer, pero reconoce el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en el tema.
Al preguntarle cómo se ve nuestro país en el ámbito internacional en este delito, la funcionaria acepta que somos una nación que consume, permite el tránsito y expulsa a las víctimas de trata de personas.
