La crisis de violencia e inseguridad pública en la ciudad brasileña de Victoria, donde la policía militar está en huelga desde el sábado pasado, ha dejado ya más de 100 muertos, mientras que bancos, centros comerciales y servicios públicos cerraron sus puertas ante la criminalidad.
La situación en esta ciudad capital del estado de Espíritu Santo, situado al sudeste del país, es de caos desde que el sábado la policía encargada de garantizar el orden social en las calles entró en huelga, según relatan los propios ciudadanos.
Los vídeos y relatos publicados en redes sociales muestran una ciudad con algunas regiones sin ley, con comercios siendo saqueados por personas que -tras derrumbar las persianas metálicas- se llevan aires acondicionados, televisores y neveras.
El cierre de numerosos comercios por varios días en la ciudad –que prefieren no abrir por temor a asaltos- generó escasez de productos, mientras que algunas redes de supermercados que contrataron seguridad privada y abrieron sus puertas reportaron este jueves filas de cuatro horas para comprar alimentos.
El número de víctimas por asesinato asciende a 106 en apenas seis días, según la policía civil, que reporta que en días normales el promedio de asesinatos es de tres o cuatro.
Las redes de comerciantes denunciaron que las pérdidas por la interrupción de las ventas o por el saqueo de tiendas cerradas asciende a más de 200 millones de reales (65 millones de dólares), mientras el gobierno del estado trata de negociar –hasta el momento sin éxito- el fin de la huelga de la policía militar.
La policía militar reclama un aumento del salario del 65 por ciento hasta 2020 y el pago de complementos para volver a patrullar las calles, pero el gobierno de Espíritu Santo denuncia un “chantaje” por parte de las fuerzas de seguridad.
Está prevista una nueva ronda de negociaciones entre las partes, mientras las autoridades advierten que la policía militar tiene prohibido manifestarse por ley y, en consecuencia, podría emprender acciones judiciales contra los huelguistas.
Para tratar de controlar la situación de anarquía, el gobierno federal brasileño envió mil 200 efectivos a inicios de la semana, pero no se logró calmar la oleada de inseguridad en la calles, por lo que otros 600 elementos del Ejército y de la policía de otros estados llegarán en las próximas horas.
El Ejército anunció que envió brigadas de paracaidistas y también blindados para tratar de recuperar el control. El transporte público fue interrumpido de nuevo este jueves ante la inseguridad en las calles, después de que un líder sindical de una de las empresas de autobuses que circulan por la ciudad fuera asesinado a tiros.
Otro temor es que la huelga policial se extienda a otros estados de Brasil, donde las fuerzas de seguridad llevan meses con atrasos en el pago de salarios y complementos, debido a la severa crisis que sufre el país desde hace dos años.
En Río de Janeiro, donde la policía aún no cobró el salario extraordinario de Navidad, en las últimas semanas circularon rumores de que los policías militares podrían iniciar una huelga similar en el estado, que lleva dos años con aumento de los índices de asaltos, robos y homicidios creciendo a dos dígitos.
El gobernador de Río, Luiz Fernado Pezao, aseguró este jueves que son solo “rumores falsos”, pero admitió que ya pidió al gobierno federal brasileño que ponga al Ejército en alerta en caso de que sea necesario un despliegue de las fuerzas armadas federales en la ciudad.
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