La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito decidió mantener suspendido el veto migratorio de ciudadanos de siete países musulmanes que había ordenado mediante una orden ejecutiva el presidente Donald Trump, pero que fue suspendida temporalmente por un tribunal federal del estado de Washington.
La medida impuso un veto migratorio de 90 días a ciudadanos provenientes de Irak, Irán, Siria, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, así como la prohibición de entrada a refugiados por 120 días y a sirios de manera indefinida.
El martes pasado los tres jueces habían criticado al abogado del gobierno por no presentar pruebas suficientes que defendieran la solicitud de desbloqueo de la orden ejecutiva de Trump.
La orden fue firmada por el presidente el pasado 27 de enero, lo que generó caos, confusión y protestas en aeropuertos internacionales del país debido a que el estatus legal de las personas provenientes de los países afectados quedó en un limbo legal, generando deportaciones o prohibiciones de viaje desde los aeropuertos de origen.
Además, el veto desencadenó una serie de demandas en varios estados -desafiando su caracter constitucional- hasta que un juez federal de Seattle, James Robart, bloqueó la medida a nivel nacional.
Con esta decisión de la corte de apelaciones, el caso regresa al tribunal federal de Seattle, Washington.
El juez Robart precidirá una audiencia preliminar para considerar argumentos. El magistrado estableció el 17 de febrero como fecha para recibir los escritos de las partes involucradas. Para entoces, podría ordenar una suspensión del veto de viaje.
Cualquiera que sea la decisión de Robart, lo más probable es que la pelea legal sea llevada ante la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.
El martes pasado, la Corte escuchó los argumentos de los representantes del gobierno de Donald Trump y de los estados de Washington y Minnesota para analizar la medida del juez James Robart.
El debate en el Noveno Circuito se centraba en saber si Trump estaba actuando dentro de sus potestades cuando firmó la orden ejecutiva y si el juez Robart tenía autoridad para alterar una decisión de la Casa Blanca.
El gobierno argumentaba que la decisión del presidente no es susceptible a revisión judicial, dados los amplios poderes de los que goza para decidir en temas de seguridad nacional e inmigración y negó que la orden fuera un veto a los musulmanes, como afirma la otra parte.
El abogado de Washington y Minnesota, Noah Purcell, insistió en calificar el veto como una acción contra musulmanes de los países identificados, que equivale a una discriminación religiosa -algo que no permite la ley estadounidense- y que impondría una costosa carga a los gobiernos locales y a los residentes legales impedidos de regresar a sus hogares en Estados Unidos.
.gif)
