Medio millón de ciudadanos se manifestaron hoy por la noche en la sexta jornada consecutiva contra el gobierno de Rumania, pese a que este derogara un polémico decreto que despenalizaba delitos de corrupción que provocaron el inicio de las protestas.
Las estimaciones de cadenas televisivas de Rumania hablaban de entre 200.000 y 300.000 manifestantes en Bucarest, 45.000 en Cluj-Napoca y 40.000 en Timisoara. A esos balances debía añadirse movilizaciones en otras ciudades y poblados del país.
Las protestas antigubernamentales, las más grandes que se han visto en Rumania desde la violenta revolución de 1989 en la que fue derrocado el dictador Nicolae Ceausescu, lograron que el gobierno anulara un decreto de emergencia aprobado la semana pasada a altas horas de la noche para tratar con indulgencia los casos de corrupción que implicaran montos menores a un equivalente a US$48.500.
La medida, a la que se opuso la influyente Iglesia ortodoxa de Rumania, habría debilitado las medidas contra la corrupción del país, que ha comenzado a lograr avances en una cultura del poder acostumbrado a la impunidad.
Tras seis jornadas de manifestaciones, el gobierno de Rumania dio marcha atrás a la normativa pero podría presentar una nueva versión ante el Parlamento, la cual deberá ser sometida a debate y conseguir la aprobación.
"Queremos que todas las personas sean iguales ante la ley y que no haya privilegios para quienes ocupan el Parlamento", dijo la ingeniera retirada Profira Popo, que protestaba en la Plaza de la Victoria. "Este gobierno está organizado desde los niveles más altos hasta los más bajos como el hampa, no queremos algo así".
Los detractores consideran que el decreto legitimaba las actividades delictivas de personas influyentes. La medida habría sido indulgente no sólo con infracciones futuras, sino que cancelaría los casos pendientes de resolución abiertos contra algunos políticos.
"La ley protege a una capa de ex políticos comunistas que continuaron robando durante años", dijo el ingeniero en software, Dorin Popa, de 36 años, que portaba un cartel con insultos hacia el gobierno.
Muchos de los manifestantes reclaman la renuncia del gobierno socialdemócrata de Sorin Grindeanu.
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