El congreso de California evalúa la posibilidad de erigirse como estado santuario, en un hecho sin precedentes en la historia moderna de Estados unidos.
Este martes los legisladores estatales de California promulgaron un proyecto de ley que convertiría a todo el estado en un santuario para inmigrantes indocumentados, desafiando los planes declarados del presidente Donald Trump de deportar a millones de personas.
El Comité de Seguridad Pública del Senado aprobó esta mañana la Ley de Valores de California. La medida ahora se traslada al piso del Senado estatal, donde los demócratas controlan una supermayoría en el congreso local.
El comité escuchó testimonios sobre el proyecto de ley presentado por el presidente del Senado, el demócrata por Los Ángeles, Kevin de León, que prohibiría a las agencias estatales y locales de aplicación de la ley, gastar dinero para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
La medida también prohibiría la aplicación de la ley de inmigración en las escuelas estatales, centros de salud y tribunales.
“No vamos a estar de pie y dejar que el gobierno federal utilice nuestras agencias estatales y locales para separar a las madres de sus hijos”, dijo León en diciembre, cuando presentó lo que él llama la Ley de Valores de California.
La lucha por el estatus de santuario podría poner miles de millones de dólares en fondos federales para programas de California en riesgo.
Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva en la que prometió retener el dinero federal de las ciudades y estados que no cumplen con las leyes federales de inmigración.
La orden requiere que el secretario de Seguridad Nacional designe las llamadas “jurisdicciones de santuarios” que se niegan a compartir información sobre el estatus migratorio con funcionarios federales.
Algunos juristas se preguntan si la orden ejecutiva es constitucional, basada en la 10 Enmienda y anteriores precedentes de la corte. Si el Departamento de Seguridad Nacional de Trump continúa con planes para bloquear fondos federales, los juicios son casi seguros.
El excongresista por Estados Unidos, Xavier Becerra, es el nuevo procurador general del estado, y fue elegido por el gobernador Jerry Brown en parte para impugnar la administración Trump.
Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos, se unió a otros 15 abogados generales demócratas esta semana para oponerse a la orden ejecutiva de Trump, bloqueando temporalmente a todos los refugiados e inmigrantes de siete naciones de mayoría musulmana.
La medida de De León es sólo una de una serie de proyectos de ley que la legislatura controlada por los demócratas considerará este año, que tratan del manejo estatal de las leyes federales de inmigración.
Otras dos medidas proporcionarían asesoramiento jurídico a los inmigrantes indocumentados.
Apenas días después de la elección de Trump, los demócratas de California comenzaron a establecerse como un baluarte contra su promesa de deportar a algunos inmigrantes indocumentados.
Cerca de una de cada 10 personas en la fuerza laboral de California no tiene documentos legales, estimó la oficina de León.
“En California los inmigrantes son una parte integral de lo que somos y de lo que nos hemos convertido. Ellos han ayudado a crear la riqueza y el dinamismo de este estado desde el principio”, dijo el gobernador Brown a los legisladores durante su informe anual la semana pasada.
“Defenderemos a todos -cada hombre, mujer y niño- que ha venido aquí para una vida mejor y ha contribuido al bienestar de nuestro estado, y no daremos un paso atrás”, advirtió el mandatario estatal.
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