La policía federal brasileña aseguró que hubo irregularidades en los pagos realizados por el comité de campaña del presidente Michel Temer durante el proceso electoral de 2014, una situación que podría provocar la anulación de su mandato por parte de la Justicia electoral.
La policía federal investiga si la campaña electoral conjunta de la presidenta Dilma Rousseff –destituida por juicio político en 2016- y del entonces vicepresidente Michel Temer cometió fraude en la contratación de servicios, por ejemplo el uso de dinero de origen ilícito.
En un informe enviado al Tribunal Superior Electoral (TSE), el cual estudia desde octubre de 2015 si los candidatos infringieron la ley, la policía señala irregularidades, pues se hicieron pagos a tres imprentas (Rede Seg Gráfica, VTPB Serviços Gráficos y Focal Confecção e Comunicação) que no se corresponden con los servicios supuestamente prestados.
La sospecha de la policía es que al menos una parte de los pagos a esas tres empresas corresponda, en realidad, con desvíos “para beneficio propio o de terceros”.
Según la fuente policial, existe una trama de “interposición de personas” para ocultar el origen y finalidad del dinero.
Esa investigación se enmarca en una acción de la Justicia electoral que, a petición del entonces opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), perdedor en los comicios presidenciales de octubre 2014, pidió tras las elecciones la anulación del mandato de Rousseff y de Temer por irregularidades en la campaña.
El opositor PSDB, ahora socio de Temer en el Ejecutivo tras el “impeachment” a Rousseff, argumentó tras perder las elecciones que los vencedores de las elecciones habrían usado fondos procedentes de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras para sufragar sus gastos de campaña.
El TSE acogió entonces la tesis del PSDB y desde octubre de 2015 investiga las cuentas, lo que podría desembocar eventualmente en la destitución de Temer si el tribunal estima que hubo irregularidades.
No hay un plazo previsto para juzgar las cuentas, aunque los analistas y miembros del TSE se pronunciaron a favor de emitir un veredicto a lo largo de 2017, lo que podría volver a reavivar la crisis política que vive el país sudamericano desde prácticamente inicios de 2015.
En caso de la anulación de su mandato, sería la Cámara Baja la que eligiera de forma colegiada al próximo presidente de Brasil, en elecciones indirectas transitorias hasta la celebración de comicios presidenciales a finales de 2018.
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