Las nuevas leyes antiterroristas adoptadas por la Unión Europea (UE), tras los atentados en París y Berlín, han desatado un serie de abusos y actos de discriminación en los países del bloque comunitario, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).

La organización humanitaria presentó este martes los resultados de un exhaustivo análisis, desde la perspectiva de los derechos humanos, sobre las medidas antiterroristas adoptadas por 14 de las naciones integrantes de la UE, las cuales, afirmó, están conduciendo a Europa a un estado peligroso.

En su reporte, “Peligrosamente desproporciado”, AI aseguró que los atentados desde París a Berlín han producido "un profundo cambio de paradigma en Europa”, con la idea de que los gobiernos deben restringir los derechos individuales para proporcionar seguridad.

El análisis de la organización no gubernamental, realizado a 14 países de la UE, refleja "un mundo en el que el miedo, la alienación y los prejuicios están socavando las piedras angulares de la UE: equidad, igualdad y la no discriminación".

Además revela la manera en que el diluvio de leyes y reformas aprobadas a una velocidad vertiginosa está minando “libertades fundamentales y desmantelando salvaguardias de derechos humanos que había costado mucho conseguir”.

“Tomadas una en una, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todas juntas emerge una imagen inquietante en la que las libertades se pisotean sin control”, consideró el director de AI para Europa, John Dalhuisen.

El informe, basado en dos años de investigación y en el análisis de iniciativas tanto internacionales como europeas, revela hasta qué punto las nuevas leyes y políticas concebidas contra la amenaza del terrorismo han pasado a estar por encima de las salvaguardias de los derechos.

“En varios países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del ejecutivo, eliminado controles judiciales, restringido la libertad de expresión y expuesto a toda la población a una vigilancia sin control”, indicó.

El impacto ha sido especialmente profundo para las personas extranjeras y las minorías étnicas y religiosas, destacó Dalhuisen.

Las principales características de las políticas estatales antiterroristas que critica el informe son las siguientes:

- La legislación que se acelera sin consulta a Parlamentos, expertos o sociedad civil. Suspensión de compromisos en materia de derechos humanos.

- Consolidación del poder en manos del Ejecutivo, a menudo sin control o con escaso control efectivo.

- Mecanismos de supervisión independientes poco eficaces.

- Definiciones poco precisas y excesivamente amplias de "terrorismo". - Normas que regulan la carga de prueba desde la "sospecha razonable".

- Un vínculo débil, a veces inexistente, entre los actos delictivos preparatorios o no consumados y el delito real. Restricciones a la libertad de circulación y asociación de las personas.

- Penalización de varias formas de expresión que no llegan a incitación a la violencia.

- Menos posibilidades de impugnar operaciones de lucha contra el terrorismo.

- Estados que invocan a la "amenaza del terrorismo" para señalar de forma arbitraria a personas migrantes.

- Falta de atención a las necesidades de grupos particulares, como mujeres o niños, y a su derecho a la protección