Los solicitantes de asilo en Israel deberán abonar una quinta parte de su sueldo cuando consigan un trabajo.
Así lo establece la nueva enmienda a la Ley de Prevención de Infiltración, informó hoy el diario Haaretz.
La medida, que entrará en vigor en abril próximo, obligará a los demandantes de asilo, la mayoría procedente de África, a depositar hasta el 20 por ciento de su sueldo.
Si bien indica que el dinero les será devuelto al abandonar el país, incluye la posibilidad de que el Estado retenga una parte si no salen de Israel en la fecha prevista.
Los contratantes darán un 12.5 por ciento adicional al fondo de depósito y los trabajadores podrán reducir su aportación hasta un mínimo de 16.5 por ciento, de acuerdo con la normativa.
La Kneset -el Parlamento israelí- aprobó el martes la modificación legal para acelerar la operatividad del fondo de depósito establecido en 2014.
El objetivo es hacer más cara la contratación de los solicitantes de asilo y dar a los trabajadores un incentivo para irse del país.
Las organizaciones de derechos humanos criticaron la medida, al considerar que afectará negativamente a los demandantes, y enviaron una carta al Ministro israelí de Interior, Arye Dery.
"Llamamos su atención para prevenir las críticas consecuencias de crear un fondo de depósito, que agravará la situación en las áreas más vulnerables donde viven los solicitantes de asilo y convertirá los barrios en una zona de crisis humanitaria", exponen en la misiva.
La polémica Ley de Prevención de Infiltración fue aprobada en 2012 y modificada en varias ocasiones ante las reiteradas críticas y la reacción del Tribunal Supremo en 2015, que anuló una de las enmiendas que contemplaba 20 meses de retención de inmigrantes ilegales en centros de internamiento.
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