Uno de los sucesos políticos más relevantes del año ha sido la aprobación mediante referendo del célebre Brexit, un programa que promueve la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Esta tendencia política que busca la separación del Reino Unido de la Unión Europea tiene un antecedente en el referendo que en 1975 se celebró sobre la permanencia del país en la Comunidad Económica Europea.
Aunque las encuestas daban una ajustada ventaja a la opción de quedarse en la UE, los auspiciadores de este cambio radical -entre quienes estuvieron el ahora ex alcalde de Londres, Boris Johnson y Nigel Farage, líder del Partido de la Independencia de Reino Unido (UKIP)-lograron la sorpresiva victoria con una participación del 72% de la población mayor de 18 años.
Desde que se formó la Unión Europea en 1992, ningún estado había planteado su salida del conjunto; todo lo contrario, muchos han pujado y lo siguen haciendo para ser integrados y reconocidos.
Desde el pasado 23 de junio, cuando una ligera mayoría de británicos (52% vs 48%) conmocionó al mundo al decirle "sí" a la salida de la Unión, muchas han sido las voces en las islas que se han manifestado en contra, mientras otras persisten en su empeño de que la sede del antiguo imperio británico se aísle y a la vez se haga más fuerte.
Apenas una semana después de la victoria del Brexit, más de cuatro millones de firmas de británicos fueron colectadas con un pedido para que se llevara a cabo un segundo referendo.
Sin embargo, la respuesta del gobierno fue contundente.
El propio primer ministro conservador David Cameron terminó rechazándola y le envió un correo electrónico a cada uno de los solicitantes donde se les recordaba que las autoridades “habían sido claras al señalar que se trataba de un voto que se haría un sola vez en una generación”.
“Debemos prepararnos ahora para el proceso de abandonar la Unión Europea”, ratifica el documento hecho público los primeros días de julio.
Quienes abogaban por seguir siendo miembro de la Unión continúan manifestando que este vínculo le posibilita al país vender libremente sus bienes y sus servicios, así como beneficiarse de un mercado único de 500 millones de habitantes. Para estos, marchase “por cuenta propia” provocaría un shock en el sistema financiero y ralentizaría el crecimiento económico.
Estos mismos consideran que, una vez separado, Reino Unido perdería la capacidad de influir en ciertas decisiones que se toman a nivel continental y hasta mundial.
Mientras, quienes se alegran de la decisión popular, insisten en que escapar de la UE significa recuperar el control de las fronteras, controlar mucho más la inmigración y volver a ser un país soberano.
Una vez liberados de las regulaciones que desde Bruselas se les imponen a todos los miembros de la Unión –aseguran-, Reino Unido podría renegociar sus propios acuerdos puntuales en términos que le favorezcan, y así recuperar el control de su propio país.
De acuerdo con el artículo 50 del Tratado de Lisboa, los políticos británicos tienen hasta 2018 para definir los pasos a seguir para la salida de la Unión.
Mucho antes del día de la separación formal, tanto Reino Unido como la UE deberán renegociar nuevos acuerdos que conciernan a la pertenencia o no al mercado común europeo, lo que forzadamente conlleva al cumplimento de ciertas regulaciones y a la contribución monetaria al presupuesto de la UE.
Una vez más, el tema de la libre circulación de las personas dentro de las megafronteras de la Unión tendría que ser analizado, pues a los británicos no se les permitiría comerciar libremente, mientras le vetan la entrada a sus dominios a todo tipo de ciudadanos y establecen rígidas cuotas para el empadronamiento de extranjeros en sus empresas.
Por otra parte, haría falta regular el estatus de los británicos que ya residen en la UE, y esclarecer la situación de franceses, españoles, alemanes y del resto de la Unión que viven, estudian o trabajan en territorio británico.
Tras la victoria del Brexit vino la renuncia de Cameron después de seis años de mandato y la elección de Theresa May, una política que se había manifestado en favor de permanecer en la UE, pero que aseguró que acataría los resultados del referendo.
“Brexit significa Brexit… no debe haber intentos de permanecer en la UE, ni intentos para volverse a integrar por la puerta de atrás ni una segunda consulta”, enfatizó la ministra.
Después de Margaret Thatcher, May se convirtió en la segunda mujer en la historia del Reino Unido que dirige las riendas del país, pero sobre todo la que tendrá que hacerle frente a una transición no deseada por muchos hacia un país independiente de Europa.
El proceso formal para retirar el país de la Unión Europea, según palabras de Theresa May a medios, empezará a finales de marzo de 2017.
Al día siguiente de este “divorcio”, el mapa de la Unión Europea habrá cambiado. Con la salida de 65 millones de habitantes, un 13% de los 508 millones de habitantes de la Unión se verá de alguna manera afectado. Por otra parte, la producción económica del colectivo perderá un 17% de su caudal, pues 2,6 billones de euros dejarán de ser considerados.
Además, se producirá una alteración del 25% PIB del Producto Interno Bruto de la Unión, mientras el porcentaje de su comercio mundial caerá del 22% al 18,2%, pues dejará de percibir la actual aportación británica al presupuesto, que hasta la fecha es de 18.700 millones de euros.
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