Quien se pare a hablar en la calles de Bruselas junto a otros tres amigos se arriesga a que un policía interrumpa la conversación para multarlos con 350 euros, cerca de 7 mil 632 pesos.
El nuevo decreto municipal promulgado por la Alcaldesa de Molenbeek, la liberal Françoise Schepmans, prohíbe desde mediados de noviembre durante tres meses las reuniones de cuatro o más personas en un perímetro entre un boulevard y casi una decena de calles de Ribaucourt.
Se trata de un barrio con un endémico problema de venta de droga integrado en Molenbeek, la localidad bruselense donde crecieron algunos de los principales implicados en los atentados terroristas de París y Bruselas.
"Es una medida que pretende hostigar a los traficantes para que dejen el barrio e impedir el aprovisionamiento. Es una solución que pedían los vecinos y que beneficiará también a los trabajadores, funcionarios y comerciantes que cada día cruzan Ribaucourt, haciéndolo más apacible", defendió la Alcaldesa.
El comercio de estupefacientes es junto a la elevada tasa de desempleo -del 30 por ciento, el 40 por ciento entre los jóvenes-, la suciedad, la falta de escuelas y la radicalización de corte yihadista, una de las grandes preocupaciones de los habitantes de Molenbeek.
La reacción de la Oposición llegó en forma de preguntas cuestionando la efectividad de la norma.
"¿Por qué no más de tres personas?, ¿qué pasa cuando se venden drogas entre dos personas?, ¿qué sucederá cuando acaben los tres meses de prohibición y los traficantes vuelvan?".
Para el diputado de la Oposición socialista Jamal Ikazban, el "toque de queda" es un signo de la incapacidad del Ayuntamiento para resolver los problemas.
Las asociaciones que trabajan con toxicómanos en la zona tampoco aprueban el remedio y creen que si bien puede disuadir a los pequeños narcomenudistas, estos no dejarán su actividad y simplemente se trasladarán a una ubicación menos controlada por la Policía.
Como receta reclaman una sala de consumo controlado de drogas que aleje de las calles a los toxicómanos y los ponga bajo la protección de la Administración.
"Aunque la situación era precaria, permitía a las organizaciones apoyar a los toxicómanos. Ahora son empujados a la marginalidad y aumenta el riesgo de que sean detenidos", lamentó Christofer Colllin, responsable de una de las entidades que actúan sobre el terreno.
Esta no es la primera vez que el Ayuntamiento implanta una medida similar.
En 2012 prohibió las concentraciones de más de cinco personas en toda la localidad después de un asalto a una comisaría por parte de radicales que protestaban por la detención de una mujer musulmana que se negó a quitarse el niqab, prenda que está prohibida en Bélgica desde hace cinco años.
Un paseo por Ribaucourt mostró sin embargo que la medida está lejos de aplicarse.
Pese a que algunas de las calles aparecen desiertas al poco de caer la noche, hay momentos en que las manos de dos personas se chocan tan fugaz como sospechosamente antes de que cada uno siga su camino, y junto a la parada de metro algunos toxicómanos se reúnen despreocupadamente sin que se perciba rastro de la Policía más allá del sonido de una sirena lejana.
Los propios guardias de paz, un cuerpo no armado que vigila el barrio y lidia con agresiones y altercados, reconocen que pese al reglamento no intervienen o avisan a los agentes hasta que se congrega más de una decena de personas.
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