La Oficina del Procurador General de Arizona ordenó a la ciudad de Tucson detener de inmediato la práctica de destruir las armas de fuego que sus agentes de policía decomisan.

En una carta a los funcionarios de la ciudad, el subprocurador general de Arizona, Brunn Roysden, advirtió que de no acatarse esta orden Tucson podría enfrentar “una costosa batalla judicial”.

El Cabildo de la Ciudad de Tucson tenía programado reunirse la noche de este martes para discutir una respuesta a la carta.

Los registros de la ciudad muestran que el Departamento de Policía de Tucson ha destruido cuatro mil 820 armas de fuego desde principios de 2013.

Varios integrantes del Cabildo han defendido públicamente la política, al sostener que la destrucción de las armas de fuego es legal porque la disposición de la propiedad municipal es una "preocupación local".

Sin embargo, una ley estatal promulgada en 2013 impide la destrucción de las armas y obliga a una agencia pública en Arizona el vender cualquier arma de fuego clasificada como "propiedad encontrada" que no haya sido reclamada después de 30 días.

Otra ley estatal, promulgada a principios de este año, restringe a los gobiernos locales el aprobar ordenanzas o estatus que entren en conflicto con las leyes del estado.

La ley de Arizona establece que un condado o una municipalidad, debe vender las armas, que obtiene de cualquier forma, mediante incautación o recompra, al menos que sean consideradas como evidencia de un crimen.

La ley establece también que todas aquellas armas que los individuos entreguen voluntariamente, sean preservadas y vendidas, aun cuando el deseo de estas personas sea que el arma se destruya.

Arizona es una de las entidades estadunidenses que más protege la propiedad y uso de armas.

En Arizona está autorizada la denominada “portación constitucional”, al no requerirse ningún permiso para portar pistolas y otras armas incluso dentro de la mayoría de edificios públicos.