La Fiscalía General de Venezuela informó hoy que 10 efectivos del Ejército, entre ellos un teniente coronel, fueron encarcelados en un penal para presos comunes, acusados de presunto secuestro, tortura y homicidio contra 12 personas.

La Fiscalía señaló que, tras las acusaciones de los fiscales, fueron privados de libertad los militares por la muerte de 12 personas, cuyos cuerpos fueron enterrados en una zona rural de la región mirandina.

Agregó que los fiscales podrían presentar nuevos cargos contra los acusados, debido a que otras nueve víctimas sobrevivieron a la operación.

Los hechos delictivos se realizaron durante una operación contra la delincuencia en la localidad de Barlovento en el central estado Miranda.

Las víctimas fueron desaparecidas en octubre pasado, durante una operación de seguridad contra los delincuentes que el gobierno aplica con el nombre de Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y que ha sido cuestionada por grupos defensores de derechos humanos.

Cuatro fiscales, imputaron al teniente coronel José Rojas Córdova, por cargos de homicidio con alevosía, desaparición forzosa de personas, uso indebido de armas, tortura, tratos inhumanos y allanamiento de vivienda.

A su vez, los otros soldados fueron acusados por secuestro, violación de domicilio, tortura y tratos inhumanos.

Todos fueron presentados en el tribunal primero de control de Miranda, en la localidad de Barlovento. El juez ordenó el encarcelamiento en la prisión de Yare III, en Miranda.

El caso fue denunciado por familiares desde el 16 de octubre. Dijeron que los militares arrestaron a las personas en medio de la OLP y luego los trasladaron a un punto de control, donde desaparecieron.

Los cuerpos de las víctimas fueron encontradas el pasado fin de semana en dos fosas comunes distantes en una localidad rural de Miranda.

Los militares admitieron los hechos, por lo que las Fuerzas Armadas ordenaron su degradación y expulsión de las filas castrenses.

La Fiscalía señaló que las víctimas fueron detenidas sin que existiera una orden judicial de arresto o el supuesto de flagrancia. El defensor del pueblo, Tareck William Saab, admitió que los detenidos carecían de registros penales.

Organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron la eliminación de la OLP, que califican como operaciones de exterminio y denunciaron que en más de un año de funcionamiento habrían dejado más de 200 víctimas mortales.