Hace once días, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz exigió información sobre el paradero de 12 personas, en su mayoría jóvenes, en la zona de Barlovento, haciéndose eco de sus familiares, quienes denunciaron que no se les volvió a ver luego de una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) efectuada el 15 de octubre en el municipio Acevedo, estado Miranda.
El clamor por estas desapariciones finalmente tuvo respuesta este sábado 26 de noviembre, cuando el ministro Néstor Luis Reverol Torres, informó sobre la detención de ocho efectivos militares, entre ellos un teniente coronel del Ejército, cuerpo que forma parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), señalados como presuntos responsables por el fallecimiento de 12 personas que fueron encontradas en la mencionada localidad mirandina.
Durante sus declaraciones, el Ministro detalló que los cuerpos de las víctimas fueron halladas en un sector montañoso en el municipio Acevedo. Pero una nota del Ministerio Público ofrece más precisión y señala que dos de los cadáveres fueron encontrados el viernes 25 de noviembre en el sector El Café del citado municipio; mientras que los 10 restantes fueron encontrados el sábado en el sector Aragüita vía a Guatopo.
Reverol apuntó que en octubre fue ordenada la Operación de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje en el Eje de Barlovento; pues los pobladores habrían denunciado desalojos arbitrarios de viviendas y fincas por parte de “elementos generadores de violencia vinculados al paramilitarismo colombiano”.
Detalló que durante el desarrollo de estas actividades se practicaron detenciones preventivas de personas en el municipio Acevedo del estado Miranda, para su verificación y chequeo, específicamente en los sectores de Capaya, Yaguapa, El Café, Cambural y Aramina.
“En virtud de estas detenciones y la no ubicación de las víctimas en los distintos recintos militares de la zona, los familiares acudieron a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público a fin de interponer la denuncia respectiva”, explicó Reverol Torres.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, (Cicpc) inició con la Fiscalía nacional N°62 una investigación sobre los presuntos hechos denunciados. El resultado fue el hallazgo de dos fosas comunes.
Por este hecho fueron detenidos 11 funcionarios del Ejército.
Reverol Torres dijo que “no se descartan otras detenciones hasta el esclarecimiento total de este suceso”. Agregó que el Gobierno nacional coordina las acciones necesarias para la atención integral de los familiares de las víctimas.
El ministerio de la Defensa catalogó la masacre como un hecho aislado en el comunicado que hizo público: “Este tipo de hecho aislado contraviene el ordenamiento jurídico nacional y militar, y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a las soldadas y soldados de la Patria, forjada a la luz de la Revolución Bolivariana, toda vez que en su accionar diario se exige el más absoluto respeto a los derechos humanos, garantía universal consagrada en nuestra carta magna”.
Además en el comunicado se lee también que por orden del presidente Nicolás Maduro se degradaría y expulsaría a los culpables por “haber violentado con su conducta los valores y principios que nos representan, preceptos sociales y decoro de la profesión”.
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