San Luis Potosí, SLP.- En una investigación conjunta en la que participó Ciudadanos Observando da a conocer que presuntamente Gabriel Salazar (ligado a Invercorp Capital Financial) tuvo negocios con el Congreso del Estado de San Luis Potosí.
“Para no variar en esta esfera de corrupción y abusos, diputados de la pasada legislatura conocida como la peor y más corrupta de la historia también utilizaron facturas ligadas a Gabriel Alan Salazar Soto”, cita la asociación en su portal.
José Belmárez Herrera entonces diputado del Partido del Trabajo el seis de septiembre del 2017 solicitó por medio del oficio JPC/1533/2017 a la Junta de Coordinación Política que se autorizara el pago por 72 mil 300 pesos a la empresa Cano Soto y Asociados por haberle dado un supuesto curso de capacitación en materia de derechos del trabajador y prestaciones. El pago lo hizo el Congreso del Estado el día 27 septiembre del 2017 con el cheque 67291 del banco Banorte.
La empresa Cano Soto y Asociados está integrada por Gabriel Alan Salazar Soto, su hermano Jonathan Alfonso, su esposa Flor Janeth Rivera Aguilar y Reynaldo Castañeda Cuevas.
Por su parte, la priista Martha Orta Rodríguez, solicitó ante la Junta de Coordinación Política autorización para el pago por 75 mil pesos a Benita Cano Aguilón por supuestamente haber dado servicios de alimentos en el informe de la legisladora. Este pago fue realizado el tres de septiembre del 2018 con el cheque 69840 del banco Banorte.
Por su parte Benita Cano Aguillón aparece como socia de Gabriel Alan Salazar en las empresas Outcome Human Services México, S.A. de C.V. y Desarrollos e Infraestructura Potosina Absac, s.a. de c.v.
Los exdiputados José Belmárez y Martha Orta han sido denunciados por utilizar una amplia red de empresas fantasmas para presuntamente desviar junto con los demás diputados más de 42 millones de pesos durante la pasada legislatura.
Martha Orta Rodríguez tras una investigación de la Auditoría Superior del Estado tuvo que devolver dinero, luego de descubrirse que falsificó firmas de personas de bajos recursos que nunca recibieron ningún apoyo social y los intento justificar con facturas de empresas fantasmas.
José Belmárez vivió la misma situación, pero solo devolvió una parte y se negó a cubrir el monto total del fraude, por lo que la Auditoría Superior del Estado procedió con una denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción de San Luis Potosí, refiere la organización.
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