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CEDH apoya restricciones públicas

Plano Informativo | 10/04/2020 | 13:23

San Luis Potosí, SLP.- Ante la real e inminente amenaza a la salud pública que representa el virus COVID-19, catalogado como una pandemia a nivel mundial, considerada en México también como una emergencia pública sanitaria que ha colocado en grave riesgo la vida de todos los habitantes de la nación, las restricciones a algunos derechos pueden justificarse siempre y cuando tengan una base constitucional, convencional y legal, que sean estrictamente necesarias y no sean arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación, que sean de duración limitada y respeten la dignidad humana.
 
Este es el sentido en que los 32 Organismos Constitucionales Autónomos Defensores de los Derechos Humanos, incluida la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, establecieron que toda restricción o limitación de derechos debe ser legítima, adecuada, necesaria y proporcional; y son estas las bases mínimas sobre las que, el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deben dar las respuestas para enfrentar la magnitud y gravedad de la crisis de salud por el Covid-19.
 
PRONUNCIAMIENTO DE LA FMOPDH
 
En el contexto de la pandemia derivada del covid-19 o coronavirus, por la cual las autoridades de los tres niveles de gobierno en el país han asumido una serie de acciones legales y medidas emergentes para combatir esta enfermedad, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), hace un llamado al Gobierno Federal y los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que, atendiendo al espíritu de colaboración interinstitucional que debe prevaler en todos los niveles de gobierno, se privilegien los principios de prevención, pro persona y máxima protección en todas las medidas y acciones que se tomen al respecto; por lo que esta Federación se pronuncia para que con la mayor responsabilidad se enfrente este desafío, y se responda con todas las capacidades institucionales y conforme a la normativa nacional e internacional, que permita superar esta crisis de salud pública con el máximo respeto a los derechos humanos.
 
En ese sentido, considerando que el pasado 11 de marzo, la OMS declaró pandemia mundial la propagación del virus COVID-19, solicitando a todos los países implementar las medidas urgentes y necesarias para prevenir, frenar y, en su caso, atender la transmisión del virus en sus respectivos territorios;
 
Teniendo en cuenta que en el DOF de 30 de marzo pasado, el Consejo de Salubridad General publicó el acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por el virus CID-19, y que al día siguiente en el mismo Diario se publicó el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la citada emergencia, mediante diversas medidas de mitigación, control y atención a la enfermedad;
 
Observando que las diversas autoridades de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus competencias, han dispuesto también una serie de medidas y acciones que consideran pertinentes para enfrentar esta contingencia;
 
Reflexionando que, por las experiencias internacionales y las enseñanzas históricas que han dejado otras situaciones similares, este tipo de crisis constituyen amenazas graves a los derechos humanos derivadas de las restricciones o ejecución de las acciones para implementar tales medidas;
 
En ese contexto, la FMOPDH considera que la crisis de salud pública que vivimos no debe convertirse a la vez en una crisis de derechos humanos, sino que debe considerarse una oportunidad también para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, particularmente a los grupos que en esta situación se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad.