Ante la presentación esta semana de 19 menores armados, de entre seis y 15 años, por parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Chilapa, Guerrero, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) rechazo al reclutamiento y la utilización de niños y adolescentes en grupos armados, y alertó sobre los efectos nocivos de esta práctica en su desarrollo humano y en sus derechos.
Christian Skoog, representante de Unicef en México, señaló que sin importar a qué grupo u organización armada sea reclutado un niño o adolescente, por quién sea auspiciada y con qué fin, ese reclutamiento es una práctica que atenta directamente contra sus derechos humanos.
De acuerdo a información de El Universal, el reclutamiento de menores de 18 años en grupos armados es siempre producto de una acción forzada y una de las peores formas de violencia y explotación a las que pueden estar expuestos niñas, niños y adolescentes, ya que afecta su integridad personal y vulnera sus derechos a la supervivencia y desarrollo, protección, salud, educación y recreación, entre muchos otros derechos.
Una de las consecuencias más graves es que afecta sus expectativas y su proyecto de vida".
"Las consecuencias del reclutamiento en grupos armados pueden ser sumamente graves para un niño tanto física como emocionalmente, pueden perder su infancia".
La organización apuntó que los menores de edad asociados con fuerzas armadas están expuestos a la violencia, ya que frecuentemente son obligados a presenciar o cometer actos que atentan contra la integridad física y la vida de otras personas, y corren alto riesgo de ser sometidos a abusos, explotación y abandono escolar, sufrir lesiones físicas y psicológicas e, inclusive, la muerte.
"La infancia y adolescencia en México debe ser protegida contra esta práctica inaceptable, ya que es una obligación del Estado mexicano derivada del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".
"En el contexto de violencia que afecta particularmente a las comunidades de Guerrero, es imperioso que el Estado mexicano, a través de los gobiernos federal, estatal y municipales, realice todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad e integridad de todas las poblaciones y que ningún niño, niña o adolescente sea reclutado por grupos armados".
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