El presidente Jair Bolsonaro sancionó una ley aprobada en agosto pasado por el Congreso, que obliga a los agresores de mujeres a costear los gastos médicos para el tratamiento de sus víctimas por violencia familiar.
La medida tiene por objetivo responsabilizar a los agresores de los tratamientos ofrecidos a mujeres tras haber sido víctimas de violencia que la justicia determine, así como los sistemas que alertan cuando el agresor vuelve a acercarse.
De acuerdo con un comunicado oficial, conocido este miércoles, "con esta medida se busca reforzar la legislación y las políticas públicas que tienen por objetivo cohibir la violencia contra las mujeres y, consecuentemente, garantizar la protección a la familia", reportó el portal de noticias Infobae.
La ley obliga al agresor a "responder por los actos de violencia contra la mujer no solo en la esfera penal, mediante la penalización de su conducta, sino también por el resarcimiento de los daños materiales y morales causados por su conducta ilícita", añadió.
La ley fue sancionada en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial de la Presidencia brasileña, en donde Bolsonaro reasumió sus funciones tras haber estado hospitalizado nueve días por la cirugía en el abdomen a la que fue sometido el 8 de septiembre pasado, la cuarta desde el atentado que sufrió el año pasado.
Bolsonaro informó que la sanción de la ley busca perfeccionar la norma conocida como María da Penha, que combate y castiga en Brasil la violencia contra la mujer y corresponde a una propuesta aprobada por el Congreso el mes pasado para que las mujeres sean indemnizadas por los tratamientos médicos que deriven de la agresión.
Según datos divulgados recientemente en el Foro Brasileño de Seguridad Pública, Brasil registró en 2018 un promedio diario de 720 agresiones por violencia doméstica o familiar, así como 180 violaciones por día, el mayor número desde que las estadísticas comenzaron a ser contabilizadas en 2009.
Las agresiones contempladas en la nueva norma incluyen lesiones, violencia física, sexual o psicológica y daño moral o patrimonial a la mujer. El resarcimiento abarca todos los daños causados, incluyendo los costos del Sistema Único de Salud (SUS), la red pública de atención sanitaria.
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