El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez señaló que el Estado ha fallado, pues a cinco años de los hechos en Iguala, Guerrero, no hay certeza del paradero de los estudiantes de Ayotzinapa y hay impunidad.
En declaraciones a los medios, pidió despolitizar el caso.
"Esto quiere decir: centrémonos en una investigación seria, objetiva, puntual, neutral, que es lo que yo espero de la Fiscalía y así me lo ha expresado el fiscal”, dijo González Pérez.
Recordó que desde julio de 2015 ese organismo insistía en que se fortalecieran los procesos del caso Ayotzinapa.
“Dimos cuatro reportes previos, a ustedes les consta, antes de la emisión de la Recomendación, yo vuelvo a insistir: que se asomen a la Recomendación. Más allá de que algunas de las evidencias que se señalan tengan algunos vicios, hay otras importantísimas que hubiesen fortalecido el caso, para que no se generara impunidad con la liberación de personas”.
Lamentó en un comunicado la liberación de 24 personas inculpadas en el “Caso Iguala”, y exigió que las irregularidades u omisiones de funcionarios no propicien que este asunto quede en la impunidad.
La verdad en el “Caso Iguala” es una y no puede estar sujeta a coyunturas o intereses de índole alguna, más que al compromiso de que las víctimas obtengan la justicia y reparación a la que tienen derecho, externó.
González Pérez destacó que desde julio de 2015, la CNDH alertó sobre el riesgo de que las inconsistencias y fallas en las investigaciones y procesos penales pudieran propiciar la liberación de los presuntos responsables.
Por eso urge que la Fiscalía General de la República actúe para subsanar tales situaciones, fortaleciendo, reencauzando o iniciando nuevos procesos penales debidamente sustentados, que permitan reaprehender a quienes siendo responsables hubiesen sido liberados.
Reiteró la necesidad de que todos los procesos penales iniciados se fortalezcan probatoriamente y que las nuevas consignaciones que se presenten se hagan de manera más sólida y mejor estructurada.
Lo anterior, aprovechando la integralidad de los elementos probatorios e información con la que se cuenta, que en su mayor parte se detallan y relacionan en la Recomendación 15VG/2018, la cual aún no ha sido atendida ni cumplida.
Enfatizó que el hecho de que algunas de las pruebas en el expediente se haya determinado que jurídicamente no son válidas, en tanto se habrían obtenido de manera indebida durante las investigaciones, no resta valor o anula al resto de las evidencias, información y elementos objetivos de convicción con que cuentan las autoridades.
El ombudsman nacional abundó que, el hecho de que se haya determinado llevar a cabo nuevas investigaciones no significa que se dejen de lado los elementos y los resultados de las realizadas, o que se abandonen los procesos iniciados con base en las mismas.
Sostuvo que la investigación de las posibles irregularidades u omisiones en las que diversos servidores públicos pudieron haber incurrido durante su participación en las diligencias del caso, o de la laxitud de algunas resoluciones judiciales, “no deben distraer la atención del objetivo prioritario que es evitar que este asunto quede en la impunidad”.
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