Nueva Ley Fiscal, raya en lo inadmisible

Ley contra empresas fantasmas desatará arbitrariedad

Ahora que el Senado de la República ha considerado a la evasión fiscal como delincuencia organizada y atentado a la seguridad nacional, el experto Luis Pérez de Acha alerta y ve un riesgo real de que esto se convierta en una persecución fiscal.

Luis Pérez de Acha es abogado por la Escuela Libre de Derecho, experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo, y lleva años analizando el fenómeno provocado por las empresas fantasma en México.

Debe atacárseles, no cambiar la ley

El abogado advirtió que “no debemos depositar el combate y la efectividad en contra de las empresas fantasma solo en reformas legales, lo que ha urgido es atacarlas, algo que no solo no se ha hecho sino que incluso ha contado con la complicidad de gobierno, funcionarios y de políticos”.

Pérez de Acha consideró que criminalizar la evasión fiscal como delincuencia organizada y atentado a seguridad nacional es una sanción excesiva e irracional, que raya en el fascismo y genera terrorismo fiscal, inadmisible en el constitucionalismo moderno, por tanto será fuente de acciones arbitrarias del Sistema de Administración Tributaria (SAT).

También se usan para desviar recursos y lavar dinero

La responsabilidad del Estado es perseguir los delitos y a los delincuentes, señaló Luis Pérez de Acha, quien agregó que debe hacerse con investigaciones bien sustentadas y pruebas suficientes, para que quienes evadan al fisco con empresas fantasma, puedan ser sentenciados legalmente, ya que el estado debe respetar los derechos humanos de ciudadanos, no aterrorizarlos.

Las empresas fantasma no solo se utilizan para evadir impuestos, también para desviar recursos públicos y lavar dinero, explicó el abogado.

Son vehículo para financiar campañas políticas

Señaló que en tiempos electorales este tipo de empresas son un vehículo ideal para financiar campañas de candidatos ¿Por qué solo criminalizar a la evasión fiscal como delincuencia organizada? Se pregunta el especialista.

De aceptarse que la evasión fiscal se criminalice como delincuencia organizada, lo mismo tendría que hacerse respecto de desfalcos de recursos públicos, ya que en ambos casos se afecta el patrimonio del estado, por tanto el mismo terror tendría que infundirse a funcionarios corruptos, advirtió Pérez De Acha.