Notimex.- El titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Raymundo Ramos, pidió que la FGR atraiga el caso de las “ejecuciones extrajudiciales” de ocho personas el pasado 5 de septiembre, en la colonia Valles de Anáhuac, y que no se pida apoyo al FBI como plantea el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
En entrevista con Notimex, llamó al gobernador de la entidad a aceptar la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) y no del Buró Federal de Investigaciones? (FBI, por sus siglas en inglés), institución internacional que no tendría por qué investigar los hechos.
Afirmó que la fiscalía tiene más posibilidades de hacer una investigación independiente, confiable y pronta; además, reconoció que no confían en el gobierno de García Cabeza de Vaca.
Un equipo multidisciplinario de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre abogados, médicos, peritos en criminalista y psicólogos arribaron para entrevistar a las familias y revisar las carpetas de investigación.
Además de revisar los diferentes lugares donde ocurrieron los hechos, “tres domicilios particulares y el de Valle de Anáhuac".
Sobre la decisión del mandatario estatal de aceptar las medidas cautelares de la CNDH, advirtió que no es un acto de generosidad, sino una obligación para esclarecer lo que sucedió en Nuevo Laredo.
Llamó a que haya un compromiso mayor del gobernador tamaulipeco para ordenar una investigación exhaustiva que permita saber qué pasó el 5 de septiembre en Valle de Anáhuac.
Raymundo Ramos afirmó que los hechos de ese tipo están regresando al México que pensamos que íbamos a dejar atrás, aunque, dijo, “en Tamaulipas no es de sorprenderse, llevamos dos décadas de violencia, primero con el PRI, 80 años de gobiernos priistas, y ahora con un gobierno panista”.
En esta nueva etapa del gobierno federal no debe existir ni la menor duda de lo que sucedió el 5 de septiembre y debe castigarse a los responsables sean o no elementos de la Policía Estatal, para dejar un precedente de que nunca más debe ocurrir un acto de barbarie de ese tipo.
El Ejército acordonó la zona, se dio cuenta de la manipulación de la escena, “de la colocación de un vehículo que fue arrastrado cinco kilómetros para aparentar un enfrentamiento; no lo impidieron ni lo informaron a sus superiores; el ingreso de siete personas vivas, más la persona que vivía en ese domicilio, y después dan la noticia de un enfrentamiento que jamás existió", aseguró el ombudsman local.
Denunció que los pasados martes y miércoles fueron objeto de intimidación mientras velaban el cuerpo de Severiano Treviño, “después, frente a la casa del señor Ramón, el operador de la grúa municipal a quien ordenaron arrastrar el vehículo, instalaron un retén como para decirle 'ya sabemos dónde vives'“.
Afirmó que dicho retén lo integran elementos del Ejército y de la Policía Estatal.
“Esto es muy grave y hemos pedido al gobierno federal que adopte una medida de protección con intervención de autoridades federales y que no quede todo en manos del gobierno de Tamaulipas en el que no confiamos nada“, puntualizó.
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