Los integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Sección Baja California enfrentan una "guerra sucia" en redes sociales, con la que se busca crear la percepción de que apoyan la ley para alargar el periodo de dos a cinco años del próximo gobierno estatal de Jaime Bonilla Valdez.
En entrevista telefónica, el presidente de la Federación Baja California de la Coparmex, Armando León Ptacnik, afirmó a Notimex que los empresarios ahora mantienen su defensa del Estado de derecho y de evitar violaciones a la Constitución de la entidad, por el interés mezquino del Congreso local de querer imponer la “Ley Bonilla”.
“Abiertamente lo digo y de manera categórica que no aceptamos esa –Ley Bonilla-, nos manifestamos en contra de todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero tratan de desprestigiar con mentiras nuestra posición, del legítimo interés que tenemos como ciudadanos de rechazar que se vulnere el Estado de Derecho”, sostuvo.
Subrayó que se está tratando de confundir a la opinión pública; “no les basta con romper el orden jurídico, sino además tratan de engañar al ciudadano para legitimar su aberración legislativa”, aseveró.
León Ptacnik puntualizó que el interés de los patrones es evitar que se rompa el orden jurídico, porque el principal afectado sería el empresario y sus compañías.
“No habrá inversiones por la falta de certidumbre, por consecuencia eso se reflejaría en la falta de empleos, buscamos un Estado de Derecho, un estado donde no haya impunidad y evitar que se violente la Constitución local, porque después de esto podrían venir más atropellos a los derechos de la ciudadanía”, dijo.
El dirigente patronal en Baja California aseguró que en la entidad se vive un momento histórico, por lo que hay que “hay que detener el asesinato de la democracia, sería un precedente gravísimo".
"Todos los ciudadanos, nos haya gustado o no, votamos por el periodo de dos años y no se vale que el Congreso se burle de la acción cívica del voto y sobre todo del mandato del pueblo”, comentó.
Abundó que los empresarios no tienen otro tema que impedir que se viole el marco jurídico, ya que "obviamente la modificación que hizo el Congreso del estado, después de las elecciones es inaceptable y es una aberración legislativa, y nosotros estamos en la misma posición de no aceptar un crimen contra la democracia”.
Puntualizó que esperan se publique la modificación constitucional para interponer los amparos correspondientes.
“Esperamos que los partidos políticos metan sus acciones de inconstitucionalidad y el gobierno del estado, como lo ofreció, que no creo que lo vaya hacer, pero sí los municipios de Tijuana y Mexicali, la controversia constitucional”, señaló.
Explicó que antes los empresarios ya han interpuesto dos denuncias y un amparo en contra de la consulta ciudadana anunciada por el Congreso y una denuncia por afectación de los derechos político-electorales del ciudadano y otro amparo en contra de la no publicación.
León Ptacnik remarcó que la posición de los miembros de Coparmex es totalmente en contra tanto de la consulta como de la modificación que se hizo de la Constitución. “Es un acto que calificó como aberrante, porque las palabras correctas son groseras y no las debo decir”, dijo.
Indicó que en estos casos hay que tener cuidado de no pisar los terrenos de la especulación, “sin embargo, creo que las intenciones políticas son prolongar un periodo de gobierno que no corresponde y estar más tiempo en el ejercicio del poder, por el poder mismo, que es algo inaceptable”.
Subrayó que alargar el periodo va en contra de la Constitución mexicana y calificó que obtener el poder por el poder mismo es algo que ha caracterizado a los políticos de siempre de todos los partidos.
“El problema es el avasallamiento que se está haciendo sobre el marco jurídico de nuestro estado, atropellando principios fundamentales de respeto al orden jurídico y al Estado de Derecho”, expuso.
El presidente de la Coparmex Sección Baja California explicó que de llevarse a cabo la publicación de extensión de periodo y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desecha impugnaciones sobre la "Ley Bonilla", estarían hablando de un impacto negativo de carácter internacional:
“La falta de certidumbre y la vulnerabilidad de un Estado de Derecho pondría a los empresarios extranjeros a pensar dos veces en invertir en un estado donde no se respeta nada, porque el empresariado es analítico y le interesa saber el clima político, el clima laboral, las condiciones de las autoridades, la transparencia, la honestidad y todo aquello que no fuera sano para sus inversiones”, finalizó.
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