La creación del Instituto Nacional para el Bienestar de la Salud (Insabi), por el que desaparece el Seguro Popular, tendrá un impacto presupuestal de 750 mil millones de pesos, de acuerdo con Héctor Juan Villarreal Páez, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP).
“Esta cifra es sin considerar los costos laborales y demográficos, los cuales se estiman en el orden de 18 mil millones de pesos más”, Villarreal Páez que pidió que si el Insabi va a basificar al personal de los estados se debe encontrar una fuente de financiamiento, porque si no será un lastre con el que nacerá el instituto, que es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al participar en una mesa de trabajo denominada Impacto Presupuestario de la Iniciativa de reformas en materia de salud —organizada por las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda y Salud— el especialista consideró que no se puede hablar de modificaciones al sector sin tomar en cuenta la transición demográfica y epidemiológica, además que este sistema requiere gastar ocho por ciento del PIB.
Pidió prudencia y llamó a los legisladores de Morena a analizar detenidamente si es viable darle a todo el mundo los mismos servicios con esquemas de pago diferenciados, “de lo contrario se meterán en un problema enorme que incluirá el colapso del sistema”.
Villarreal Páez exhortó a la Cámara que la transición al Insabi se lleve en dos años, a fin de que permita ver las reglas de operación específicas, además de invitó a analizar el cofinanciamiento, que es clave en este tema, o no habrá manera de garantizar la salud universal.
Sentado junto al morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto, el experto señaló que también se debe tener cuidado con la eliminación de cuotas y analizar el concepto de corresponsabilidad entre la población, el sector privado y el público en sus diferentes órdenes de gobierno.
Al finalizar su intervención enfatizó que es fundamental que se explique qué ocurrirá con el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y saber qué pasará con los estados que no participen y cuáles serán las aportaciones estatales, toda vez que en este momento es muy ambiguo el documento.
En tanto, Judith Méndez, coordinadora del área de Finanzas Públicas y Sistemas de Salud del CIEP, señaló que la población que se atiende en el Seguro Popular, IMSS y Prospera es de 53 millones de personas.
“Si realmente quisiéramos atender a toda la población que no tiene seguridad social tendríamos que sumar los más de 20 millones de personas que no están en ningún instituto para llegar a 75 millones, al menos como una población potencial real”, alertó la experta.
En tanto, Ramírez Cuéllar destacó que con esta nueva política lo que se busca es hacer realidad el derecho a la salud de todos los mexicanos.
“El propósito de la reunión es continuar el análisis sobre el financiamiento en la materia”, y agradeció la disposición del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias de realizar los estudios correspondientes.
El perredista Antonio Ortega admitió que para la mayoría de la Cámara no hay problema que frene sus pretensiones, “porque, ¿cuántas leyes hemos aprobado sin impacto presupuestal? ¿En tribuna cuántas veces se ha denunciado que cómo vamos a aprobar una ley sin impacto presupuestal?”
Y finalizó: “El artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que es el centro de estudios de la Cámara el que podría interpretar… la opinión del Centro es la que podría interpretarse que tendría carácter vinculatorio por el carácter exclusivo que la Constitución le da esta Cámara el de la aprobación del presupuesto”.
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