La consulta ciudadana que avaló el Congreso de Baja California sobre la llamada “Ley Bonilla” es ilegal y sumará más impugnaciones a la legislación que busca ampliar de dos a cinco años el periodo de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla Valdez.
Especialistas consultados por La Razón señalaron que dicho ejercicio va en contra de la Ley de Participación Ciudadana del estado, pues en principio la consulta debió realizarse durante la pasada jornada electoral, además de que no le corresponde al Congreso organizarla.
Los abogados constitucionalistas Francisco Burgoa y Eduardo Aguilar puntualizaron que, a pesar de que ésta puede ser una táctica dilatoria para que Bonilla Valdez rinda protesta y de última hora se publique la reforma para que permanezca en el cargo por cinco años, esto no impedirá que se presenten las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Burgoa explicó que, además de que la consulta aprobada por el Congreso estatal contradice la legislación local en la materia, la figura que correspondería para someter a decisión popular una reforma constitucional como la denominada “Ley Bonilla” sería un referéndum, no una consulta.
Indicó que este referéndum sólo puede ser solicitado por el gobernador, los ayuntamientos y 0.5 por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal, mas no por el Congreso.
El también profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM apuntó que tampoco le corresponde al Poder Legislativo estatal organizarlo y precisó que para que se lleve a cabo primero se debe publicar la reforma en el Periódico Oficial de la entidad.
Las bancadas de Morena, PVEM y PT aprobaron someter la extensión de mandato a la decisión ciudadana; sin embargo, todavía no deciden la fecha de su aplicación.
Añadió que, independientemente de si la legislación se publica antes o después de que Jaime Bonilla asuma la gubernatura, ésta es impugnable.
“Si (Bonilla) toma protesta el 1 de noviembre y el 2 de noviembre se publica en el Periódico Oficial, en ese momento el Presidente de la República, a través del consejero jurídico, los partidos políticos y la CNDH tienen 30 días para presentar acciones de inconstitucionalidad”, señaló.
Al respecto, Eduardo Aguilar, maestro en Derecho Procesal Constitucional, puntualizó que parte de la ilegalidad de la consulta aprobada por el Congreso de Baja California incluye el hecho de que no puede convocarse este ejercicio para asuntos electorales, pues estimó que la ampliación del periodo de Bonilla Valdez es prácticamente su reelección.
“Están determinando que este gobernador, que fue electo por dos años, sea reelecto por otros tres sin que haya tomado posesión y además por una consulta que ni siquiera tiene carácter de elección formal”, manifestó.
Respecto a si la consulta es una táctica dilatoria, coincidió con Burgoa en que a pesar de que el Congreso estatal retrase hasta los últimos días del gobierno de Francisco Vega la publicación de la ley, todavía “se puede echar abajo en la Corte”.
Sin embargo, el también especialista en temas electorales estimó que se puede generar un precedente delicado, porque con el pretexto de que se mande a consulta ciudadana el término de elección de un gobernador pueden hacer exactamente lo mismo a nivel federal.
“Lo que preocupa es que estén generando un precedente para una reelección en los mismos términos para el Presidente de la República, pues puede hoy el Congreso federal con esta misma lógica convocar a consulta ciudadana y decir que este Presidente se quede más tiempo”, estimó.
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