La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acudió este miércoles al Tribunal Supremo para intentar frenar su transferencia desde Curitiba, donde cumple una pena de 8 años y 10 meses de prisión desde hace exactos 16 meses, a una cárcel de Sao Paulo, como ordenó una jueza.
Los abogados del antiguo líder sindical expresaron su rechazo a la decisión judicial de la magistrada Carolina Lebbos de trasladar a Lula a una prisión del estado de Sao Paulo, donde debería dar continuidad a la pena impuesta en tercera instancia por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales.
Actualmente el exmandatario, de 73 años, está recluido en una celda especial, de 15 metros cuadrados y adaptada a su condición de expresidente, en el edificio de la Policía Federal en Curitiba, ciudad del sur del país en la que tiene sede el tribunal a cargo de la operación anticorrupción conocida como Lava Jato.
No obstante, la justicia determinó este miércoles su transferencia al presidio de Tremembé, situado en el interior del estado de Sao Paulo y donde cumplen pena algunos de los reclusos más mediáticos de Brasil.
La transferencia fue solicitada por la Superintendencia Regional de la Policía Federal del estado de Paraná, cuya capital es Curitiba, tras alegar que, debido a la prisión de Lula, los cuerpos de seguridad deben de actuar de forma "permanente" para evitar enfrentamientos entre "grupos antagónicos".
El letrado de Lula, Cristiano Zanin Martins, entró con un recurso ante la máxima corte del país y solicitó que el traslado sea suspendido hasta que sea analizado un "habeas corpus" solicitado por la defensa y que podría determinar el "restablecimiento de la libertad plena" del expresidente.
Esa audiencia sobre la posible excarcelación de Lula, según los abogados, deberá reiniciarse "en breve" por parte de la Segunda Sala del Supremo.
La defensa de Lula también cuestionó los tiempos. A su juicio, la orden de la jueza Lebbos llega en un momento en el que "nuevas y graves revelaciones sobre la conducta de agentes involucrados en la Operación Lava Jato" salen a la luz, en alusión a las filtraciones de diversos mensajes entre fiscales y jueces responsables de las investigaciones.
"Lula es víctima de una intensa humillación ilegal impuesta por parte del sistema de justicia", señaló en una nota Zanin.
En caso de que el Supremo no impida su transferencia a Sao Paulo, su abogado solicita que Lula sea acomodado en una celda especial con condiciones diferenciadas, similar a la que ocupa en Curitiba desde el 7 de abril de 2018.
Entonces, el ex jefe de Estado ingresó en la cárcel después de pasar 48 horas atrincherado junto a la militancia en el sindicato de los metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo, y lo hizo después de que la justicia diera por comprobado que recibió un apartamento por parte de la constructora OAS a cambio de favores políticos.
El pragmático líder del Partido de los Trabajadores se considera un preso político, víctima de una persecución judicial y política, y ha reiterado en diversas ocasiones que no está dispuesto a cambiar "su dignidad por la libertad".
Según las leyes brasileñas, Lula podría solicitar la prisión domiciliaria una vez que cumpla una sexta parte de la pena de 8 años y 10 meses de prisión, lo que ocurriría en septiembre próximo.
Sin embargo, sobre el exmandatario ya pesa una segunda condena a otros 12 años de cárcel en un caso muy similar, pero dictada hasta ahora solamente en primera instancia y aún no confirmada en la segunda, lo que es requisito para ingresar a la prisión.
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