Jorge Torres / Plano Informativo | 29/07/2019 | 18:09
San Luis Potosí, SLP.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Extinción de Dominio, con la cual se busca dar al Estado nuevas facultades para decomisar los bienes y recursos vinculados con actividades ilícitas, entre las que ahora se incluirán hechos de corrupción y robo de combustible; en este sentido el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, comentó que deben analizarse varios puntos que algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) plantearon.
Fernández Noroña, quien está en una gira de trabajo en San Luis Potosí, consideró que ve una situación delicada en este tema de extinción de dominio, ley que votó a favor, pues hay diversos temas que se tienen que revisar nuevamente; destacó que hubo intervenciones de diputados del PRI, como de Enrique Ochoa Reza, que le parecieron muy atinados, son señalamientos válidos; por ejemplo, que si el Estado Mexicano tiene bienes incautados y no se puede garantizar que no haya un deterioro de esos bienes que se ponen a remate, que haya un informe justificado de la autoridad.
"Que la autoridad diga porque esos bienes están teniendo un deterioro y porque deben ser puestos a remate", dijo Fernández Noroña el cual consideró que se puede hacer un informe justificado en el que se diga cuánto cuesta el mantenimiento y cuánto cuesta tener los bienes incautados, y si inclusive aun así hay deterioro porque lo que se rematan los bienes, "la autoridad debe de poner en un escrito las razones por las cuales tienen que ser rematados esos bienes, ese tipo de cosas me parecen que deberían incorporarse en un segundo momento en el que hay compromiso de meterle mano a la ley".
Finalmente apuntó que había cierta urgencia en la aprobación de esta ley porque hay una cantidad muy grande de bienes incautados del narcotráfico que están justo viviendo ese proceso de deterioro, pero reiteró que hubo planteamientos y preocupaciones que en lo personal le parecieron legítimos y por lo cuales deben de incorporarse en una segunda revisión de la ley.