El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) firmaron un convenio para intercambiar información "confidencial", a fin de detectar y combatir evasión fiscal y corrupción en la cadena que implican las compras de Gobierno, es decir, funcionarios, proveedores y contratistas.
Margarita Ríos-Farjat, jefa del SAT, señaló que la evasión fiscal existe en el esquema de compras de Gobierno actual "y es un problema serio"; sin embargo, declinó mencionar alguna cifra sobre a cuánto asciende la evasión fiscal por parte de las empresas que son proveedoras del Gobierno.
Dijo que el convenio dará a la Función Pública acceso a información "delicada, reservada o confidencial, incluso, aquella que se encuentre amparada por el secreto fiscal", mientras que el SAT tendrá acceso a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos involucrados en el proceso de compras de Gobierno.
"Tendremos información de primera mano también respecto de la plataforma Compranet, sobre todo proveedores de la administración pública federal, (el convenio permitirá) identificar si existe falsificación de las opiniones que emite el SAT respecto de cumplimiento de obligaciones fiscales como requisito para participar en los procedimientos de adquisiciones y obras públicas", expuso.
Ríos-Farjat apuntó que el convenio también permitirá desarrollar modelos de riesgo para identificar empresas facturadoras y de operaciones simuladas en el proceso de compras de Gobierno.
Por otra parte, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, dijo que con el convenio se trabajará para promover la cultura de cumplimiento dentro de la administración pública federal.
"Todas las empresas que están en Compranet entran en el convenio, todas las que están ahí, los datos del SAT serán fundamentales para identificar empresas que no se condicen con probidad. Ahora estamos trabajando en un padrón de empresas certificadas en probidad", expuso.
Las funcionarias hicieron énfasis que, dado el intercambio de información confidencial que habrá, el convenio está amparado en la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 sobre combate a la corrupción, así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la Ley General de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas.
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