Jorge Torres | Plano Informativo | 02/07/2019 | 14:02
Destacó que el derecho de veto existe, pues es un derecho constitucional que tiene el Ejecutivo Estatal, el cual cuenta con 10 días para realizarlo y ponderar si la ley que se aprobó el pasado sábado por el Legislativo Local cumple o no con las expectativas del Gobierno del Estado; reiteró que la iniciativa se nutrió con estas propuestas de parte de la Dirección de Gobernación las cuales se analizaron e incluyeron en el dictamen final.
Zapata Meraz explicó que esta iniciativa también incluye a través de las modificaciones que propone la Dirección de Gobernación, una mayor la ampliación de facultades para la misma y darle seguimiento puntual a los establecimientos que expenden bebidas alcohólicas; generar un padrón de estos establecimientos; el poderles cancelar definitivamente una licencia en el caso de reincidencia en alguna falta; y otras cuestiones de definiciones que se propusieron de establecimientos que expenden actualmente bebidas y que no están considerados en la ley.
"Hay que ver la decisión que toma el Ejecutivo y obviamente aquí en esta propuesta se integran las propuestas que han causado controversia que son las propuestas impulsadas a través del sector productivo, pero del 70 por ciento de ese dictamen son propuestas de Dirección de Gobernación", apuntó Zapata Meraz quien dejó en claro que las solicitudes que tenía el Gobierno del Estado fueron atendidas.
Finalmente Zapata Meraz consideró que quieren descargar en estas modificaciones a la Ley de Bebidas Alcohólicas lo que han dejado de hacer por parte del Ejecutivo en el tema de la seguridad y prevención de adicciones, indicó que el Ejecutivo es el encargado de generar las políticas públicas necesarias para la prevención de las adicciones, cuando se realizó esta propuesta se revisaron varios estudios precisamente que abarca el tema de las adicciones, pero el Ejecutivo ha dejado de hacer trabajo en este sentido.